La Policía ha desarticulado una organización dirigida por un asesor fiscal de Gran Canaria que vendía falsos contratos de trabajo a inmigrantes sin papeles, para que pudieran regularizar su situación, y que defraudó por esa vía a la Seguridad Social unos 90.000 euros.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, el grupo estaba encabezado por un asesor fiscal con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y la localidad turística de Maspalomas, al que se acusa de falsificar la firma de los empresarios que presuntamente contrataban a los inmigrantes.

La investigación sobre estos hechos se inició el pasado mes de diciembre, cuando una ciudadana española denunció que había sido víctima de una estafa, tras haber pagado 1.400 euros por un contrato con el que pretendía regularizar la situación de su esposo, de nacionalidad marroquí.

Los agentes descubrieron que un asesor fiscal de la isla estaba utilizando la documentación de empresas a las que tenía como clientes para confeccionar contratos de trabajo falsos que luego vendía a inmigrantes a precios de entre 800 y 2.000 euros.

De acuerdo con sus averiguaciones, el cabecilla de la trama contaba con un intermediario en las zonas de ocio nocturno del sur de Gran Canaria, que se encargaba de captar posibles compradores de esos contratos, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano.

La Policía asegura que el asesor fiscal cobraba a esas personas por confeccionar el contrato y, después, le hacía abonar el alta en la Seguridad Social, una vez que la Subdelegación del Gobierno había emitido los permisos de residencia y trabajo. Pasados pocos meses, las afiliaciones de esos "trabajadores" se daban de baja.

Por esa vía, se calcula que los miembros del grupo consiguieron unos ingresos de unos 50.000 euros.

El presunto líder del grupo ha sido detenido por delitos de falsedad documental, estafa, contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

Con él, ha sido arrestada una asesora laboral con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria que dio de alta a los falsos trabajadores a través del sistema "Red" de la Tesorería General de la Seguridad Social en las empresas para las que estaba autorizada.

También han sido detenidos cinco empresarios sobre los que hay sospechas de que participaron en la contratación fraudulenta y posterior alta laboral de los extranjeros en sus compañías, donde nunca llegaron a desempeñar actividad alguna.

Esta operación ha sido realizada por la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Policía de Maspalomas, en colaboración con la Inspección de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas.