La Guardia Civil, en coordinación con la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, con la delegación en Canarias del Ministerio de Industria y la Inspección de Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha realizado 14 inspecciones en lo que va de año en materia de prevención y fiscalización administrativa a empresas y centros de buceo de la provincia de Las Palmas y ha detectado 28 infracciones.
La Benemérita explicó ayer en un comunicado que componentes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) han desarrollado estas revisiones en el marco de las competencias que les confiere el estado a través del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este sentido, esa norma vela por el cumplimiento de la normativa y disposiciones vigentes relacionadas con la realización de actividades subacuáticas.
De manera que a raíz de los mencionados reconocimientos se ha denunciado a 10 centros de buceo de las tres islas de la provincia de Las Palmas y a cuatro empresas dedicadas a la misma temática, al detectarse 28 infracciones a las citadas normativas y precintándose temporalmente tres compresores, todos en la isla de Lanzarote.
Las denuncias fueron realizadas por infracciones al Decreto 35/2006, la mayoría motivadas por carecer de contrato con cámara hiperbárica y no poseer la preceptiva autorización de la Viceconsejería para la realización de enseñanzas deportivas recreativas.
Además, tras las inspecciones realizadas por los agentes de la Guardia Civil se procedió a la denuncia de tres centros por haber pasado la correspondiente inspección del Organismo Certificador Autorizado (OCA) de sus compresores y desconocer Industria la posesión del mismo por parte del centro de buceo en cuestión, procediéndose paralelamente al precinto de las referidas máquinas, el cual se levantaría una vez pasado la correspondiente OCA.
Asimismo, se tramitaron varias denuncias por poseer botellas de aire comprimido sin contrastar.
Con todo, la mayoría de las infracciones se cometieron contra la Orden de 14 de octubre de 1997 del Ministerio de Fomento, por incumplimiento de diversas normas de seguridad como realizar actividades de submarinismo con material inadecuado o la falta de personal para completar el equipo mínimo de buceo.
Finalmente, las denuncias de este tipo serían tramitadas de acuerdo a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y pueden conllevar multas de hasta 3.000 euros las infracciones leves, o desde 90.000 euros a 600.000 euros.
El informe sobre estas infracciones detectadas por la Guardia Civil en lo que va de año se conoce después de que este mismo mes un hombre de 44 años falleciera tras una explosión de una botella de aire comprimido en el centro Buceo Sur Gran Canaria (Arinaga), que provocó el desprendimiento del falso techo.
Al parecer, el accidente se originó en el interior del local por la manipulación de dicha botella, cuya grifería se desprendió por causas desconocidas.
