China anunció ayer que inició una investigación judicial para determinar si hubo negligencias como causa del desastre industrial de Tianjin. Mientras, el Gobierno del país asiático incrementa la censura oficial en internet sobre las fatales explosiones del miércoles, que dejan un saldo provisional de 112 muertos, 95 desaparecidos y más de 700 heridos.

De momento, ningún miembro del Gobierno o de la compañía propietaria del almacén en el que se produjeron las explosiones (Ruihai International Logistics) ha sido considerado responsable del siniestro.

Mientras, la Administración del Ciberespacio de China censuró durante el día de ayer 50 páginas web, bien de forma temporal o permanente, por "crear el pánico publicando información sin verificar o permitir a sus usuarios divulgar rumores infundados". Estas web se suman a las 360 cuentas de redes sociales como Weibo -el Twitter chino- y Wechat -similar a Whatsapp- que fueron ya censuradas el sábado por la supuesta divulgación de rumores "nocivos", afirmó ese mismo organismo.

El anuncio del Supremo surge después de que medios locales se hicieron eco los pasados días de posibles irregularidades, como que la compañía no disponía de licencia para almacenar productos químicos peligrosos o que la terminal donde ocurrieron las explosiones y el incendio se hallaba más cerca de áreas residenciales de lo que permite la ley, entre otras infracciones.

Aunque aún no hay nada confirmado, se estima que las explosiones ocurrieron por la reacción de los productos químicos al contacto con el agua que los bomberos empleaban para apagar un fuego en el almacén que se había declarado previamente.

Otra incógnita por resolver es si los bomberos, la mayoría de ellos rondando los veinte años de edad, fueron informados de la peligrosidad de los químicos y de la prohibición de emplear agua para aplacar el incendio, aspecto que algunos aseguraron desconocer a medios locales chinos.

Por su parte, el director de la compañía, Zhi Feng -de quien se dijo que pudiese estar vinculado a la alcaldía de Tianjin, información que no fue confirmada-, y otros empleados fueron puestos bajo custodia policial inicialmente, sin que se sepa si continúa. Otro hecho que llamó la atención fue que Gao Huaiyou, subdirector de seguridad laboral de Tianjin, declarara el viernes que no se podía determinar qué almacenaban los contenedores, entre otros motivos debido a "serias contradicciones entre la documentación de la empresa y los registros de los clientes".

Sin que hubiese habido confirmación previa sobre su existencia, que hasta entonces se calificaba de "posible", Shi Luze, portavoz del comando militar de Pekín, declaró ayer que los equipos de rescate están limpiando centenares de toneladas de restos de cianuro de sodio, altamente tóxico, que quedan en el almacén destrozado.

Añadió que utilizan peróxido de hidrógeno para neutralizar la toxicidad del cianuro y que se han detectado "niveles seguros de gas perjudicial" cerca del epicentro.

En esas circunstancias se produjo el segundo gesto oficial del día: la llegada al lugar de la tragedia del primer ministro chino, Li Keqiang, después de que se criticase que ninguno de los dos líderes -ni él ni el presidente, Xi Jinping-, hubiese visitado aún Tianjin.

Li, según publicó la agencia Xinhua, visitará a los bomberos, cuerpo especialmente golpeado, con más de 20 muertos y 85 desaparecidos en sus filas, así como a los equipos de rescate y a los heridos.

Cuatro días después de las dos explosiones, que de momento dejaron 112 muertos y 95 desaparecidos, todavía no se confirmó las causas concretas de las deflagraciones.