Diecisiete personas, entre ellas el jefe del Negociado de Sanciones y la jefa de la Sección de Conductores de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife y otros dos funcionarios, han sido condenadas a 36 años de prisión en total, 58.500 euros de multas e inhabilitación para el desempeño de cargo o empleo público de hasta 18 años por su implicación en una trama de falsificación de carnés de conducir y la anulación de multas de tráfico.
En el procedimiento judicial, que se ha dilatado durante más de cinco años, y que incluso su instrucción se llegó a interrumpir en 2012, se abrieron varias piezas separadas que han concluido con dos sentencias firmes -a las que ha tenido acceso este diario- después de que los acusados llegaran a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por dilaciones indebidas no computables a los procesados. Además, un guardia civil, que aparece en la investigación e instrucción de este caso, no fue juzgado por este órgano penal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ya que debe ser un tribunal militar quien lo juzgue, según señalaron ayer fuentes jurídicas.
La trama se desarrolló en diferentes núcleos de población del sur, y en concreto en Playa San Juan, y entre las irregularidades que se investigaron estaban la falsificación de permisos de conducir a cambio de dinero y que se les dieron a personas que ni siquiera "sabían leer ni escribir" o se anulaban multas de tráfico o añadían recursos a los expedientes fuera de plazo para paralizar su ejecución.
Entre los condenados por esta causa figura J. J. M. H., jefe del Negociado de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, que accedió a una pena de conformidad de cuatro años y tres meses de prisión, al abono de 10.000 euros de multa y 18 años de inhabilitación para cargo público o empleo público, autonómico y local, por un delito continuado de cohecho y otro de falsedad en documento oficial.
La funcionaria M. J. P. O., jefa de la Sección de Conductores y máxima responsable de la concesión y canje de permisos de conducir extranjeros, ha sido condenada a dos años de prisión, 10.000 euros de multa e inhabilitación para el ejercicio de cargo público o empleo público durante 12 años.
