La justicia denegó la solicitud de una orden de alejamiento interpuesta por Iris Francés, la tinerfeña presuntamente asesinada por su expareja la semana pasada en Santa Cruz de Tenerife, por sus declaraciones contradictorias. El auto judicial, al que ha tenido acceso LA PROVINCIA / DLP, especifica que la perpetración del delito no está debidamente justificada, ya que la demandante no pudo justificar que los whatsapp que le envió su expareja contuvieran alguna amenaza.
Además, la resolución judicial enumera como uno de los fundamentos para negar las medidas de protección, que Iris Francés solicitó como única testigo a la madre del propio denunciado.
El auto expone que Iris manifestó haber sido ella la que acudió al domicilio del imputado y haber efectuado la denuncia para recuperar las llaves de su vehículo, que había sido sustraídas por el acusado. Además, destaca que el imputado negó los hechos y ya había entregado las llaves del vehículo a la demandante cuando fue requerido por la policía. Según el auto, todo esto "evidencia la inexistencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de la medida solicitada".
Iris Francés había denunciado en tres ocasiones a su expareja pero nunca llegaron a concederle las medidas cautelares que solicitaba. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) justificó el pasado fin de semana que no se dictara una orden de alejamiento contra la expareja de Iris Francés porque la Policía no había estimado que el riesgo de agresión fuera grave.
Un empleo en riesgo
Sin embargo, el TSJC si reconoció que se le había ofrecido a Iris la posibilidad de ingresar en un "centro de acogida" o piso tutelado, una medida de protección que está reservada para los casos más graves, lo que no concuerda con las afirmaciones de que no se valorara que la denunciante corría peligro.
El alto tribunal también apuntó que otra de las razones para denegar la orden de alejamiento fue la cercanía del trabajo del acusado con el domicilio de la víctima. Según el TSJC, haber dictado esta medida de protección habría supuesto "poner en riesgo su puesto de trabajo y, por ende, la satisfacción de la pensión por los hijos en común".
La negación reiterada de medidas de protección a Iris Francés ha sido muy criticada tanto por su familia como por diversas asociaciones contra la violencia de género. Incluso la directora del Instituto Canario de la Igualdad, Marián Franquet, reconoció ayer un fallo en el sistema de atención a víctimas de violencia machista en este caso.
