El Tribunal Supremo (TS) confirmó la condena de 36 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Tenerife a una madre por abusar sexualmente de sus hijas, de cinco y ocho años, y por grabar vídeos de contenido sexual y pornográfico de las menores que, después, enviaba por internet.
La oficina de prensa del Tribunal Supremo indicó que la mujer también fue condenada a 10 años de libertad vigilada, prohibición de acercarse a las niñas a menos de 200 metros y a no comunicarse con ellas por cualquier medio por un tiempo de diez años superiores a la penas de prisión, así como al pago de una indemnización de 50.000 euros por daños morales.
La Audiencia Provincial de Tenerife condenó a 38 años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual y dos delitos continuados de utilización de menores en la elaboración de material pornográfico al hombre que recibía en su correo electrónico los vídeos. En la sentencia de la Audiencia Provincial se consideró probado que la madre de las niñas, que residía en La Laguna, inició una relación de amistad por Messenger con el otro condenado, que vivía en Murcia.
La mujer quería irse a vivir con el hombre, quien para ganarse su confianza le envió una foto de una persona que no era él, y por medio de dicha relación se enteró de que ella tenía pareja y dos hijas.
Desde enero de 2012, según los hechos probados, ambos utilizaron a las menores para satisfacer sus más bajos instintos de naturaleza sexual y sin importarles la integridad e indemnidad sexual de las menores concertaron la realización de vídeos y fotos de naturaleza sexual y pornográfica en las que las niñas, -solas, juntas, o una u otra con su madre-, eran protagonistas activas de los mismos, se indica en la sentencia.
La mujer obligaba a las niñas a hacer lo que le indicaba el procesado y después le enviaba a su correo electrónico dos o tres vídeos de contenido pedófilo cada mes entre enero y julio de 2012. En esta fecha, un conocido de la condenada, a quien envío su ordenador para que se lo arreglara, denunció los hechos al descubrir las imágenes de las menores. Tras su detención, la madre confesó los hechos, entregó los equipos informáticos y facilitó las claves de acceso, colaborando a la identificación del hombre. La Sala de lo Penal rechaza el argumento del condenado, que fue el único que recurrió la sentencia.
