Once personas fueron detenidas y se investiga a tres más por su implicación en Gran Canaria en un nuevo negocio ilícito denominado "turismo cannábico". En la Operación Paparina II se intervinieron seis kilos de marihuana lista para consumir, casi 4.000 euros, material informático y abundante documentación relacionada con sociedades mercantiles, así como la preinstalación de un gran invernadero en los bajos de un edificio de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. A su vez, los investigadores detectaron a trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, que ofrecían además productos para la venta y consumo relacionados con la marihuana sin autorización administrativa.
La operación ser inició con el desmantelamiento en octubre del año pasado de un invernadero con más de 130 plantas de marihuana en el interior de un domicilio, descubriéndose por la documentación intervenida que la mayor parte de la cosecha se destinada a su venta a asociaciones cannábicas. Bajo el amparo de la doctrina del "consumo compartido", estos colectivos ofrecían a través de redes sociales paquetes de viajes a Canarias que incluían el consumo de marihuana.
Para darle un mayor aspecto de legalidad, según la Guardia Civil, estas entidades se inscribían en el registro del Gobierno de Canarias para obtener beneficios económicos, ya que cobraban una determinada cantidad de dinero de forma anual y cobraban aparte por el consumo.
El resultado es que el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil y el equipo de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Canarias, apoyados con miembros del Destacamento de Seguridad del puerto de La Luz, atraparon en noviembre a 11 personas, de las cuales ocho son extranjeras y tres españolas, a las que se ha denunciado como presuntas autoras de una serie de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y asociación ilícita. A su vez, hay tres personas más investigadas por estos mismos hechos.
