El derrumbe del edificio del número 12 de la calle Amalia Alayón de Los Cristianos, en Tenerife, ha destapado innumerables problemas que dejaron los anteriores gobiernos de Arona y que obligan al actual equipo, dirigido por José Julián Mena, a vencer todo tipo de obstáculos para gestionar entre otras cosas la tragedia que provocó siete víctimas mortales el jueves día 14. Por ejemplo, el propio alcalde y el responsable de Seguridad, Julio Calzadilla, tuvieron que improvisar a toda prisa el operativo de rescate pues Arona carece del Plan de Emergencias Municipal (PEMU).
Pero no es el único inconveniente al que se tiene que enfrentar el equipo de Gobierno, compuesto desde el pasado enero por los concejales del PSOE y Ciudadanos X Arona, y recibidos de unos responsables anteriores entre los que algunos han sido condenados o están siendo juzgados por casos de corrupción. El pasado 3 de marzo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó al exalcalde José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al permitir obras ilegales en el Hotel Sir Anthony. El Tribunal también castiga con ocho años y seis meses al exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa por prevaricación continuada en la contratación irregular de varias personas en el Área de Medio Ambiente.
La actualización del Plan General de Ordenación (PGO) está paralizada por la Justicia y el vigente, de 1993, contiene información desfasada; las prácticas de indisciplina urbanística hacen que no conste ninguna obra desde al menos el año 2000 en ese edificio, cuando los administradores del inmueble, la comunidad de propietarios y los propios vecinos aseguran que se hicieron obras en los locales a partir de ese año; y el Consistorio carece, además, de un censo de todo el parque edificatorio municipal que informe de la antigüedad de los edificios.
Fuentes del actual Gobierno aronero aseguraron a este periódico que todos estos problemas se han ido solventando "con un enorme despliegue de trabajo por parte de los concejales y los técnicos municipales, que se volcaron desde el primer momento de una forma excepcional".
Existen protocolos genéricos para todo tipo de situaciones de emergencias pero Arona, por su tamaño, población (más de 81.000 habitantes, aparte de una importante población flotante de turistas) e importancia estratégica para la Isla, debía haber tenido aprobado un plan de emergencias adaptado a sus características. Este PEMU habría ofrecido un protocolo de actuaciones concreto para poner en marcha nada más conocerse el colapso del edificio el jueves de la semana pasada a las 9:31 horas.
El alcalde y el responsable de Seguridad, como principales coordinadores del dispositivo, suplieron, sin embargo, esta carencia con enorme esfuerzo y aplicando la lógica de una situación de esta gravedad, gracias en parte a la experiencia del propio Calzadilla y a la ayuda de otras administraciones, principalmente el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Ejército (con la participación de la Unidad Militar de Emergencias) y los ayuntamientos vecinos.
La paralización del PGO impide contar con información actualizada tanto de la parcela afectada como de las colindantes, lo que dificulta las gestiones para actuar en la zona y reordenarla después de que el inmueble se viniera abajo. Las fuentes consultadas aseguraron que el nuevo equipo "no ha parado de trabajar para solventar estas dificultades" heredadas de los anteriores gobiernos pero añadieron que "la tarea es de tal magnitud que a veces cunde la impotencia".
Mientras el Ayuntamiento tinerfeño redacta el nuevo PGO, ante la sentencia del Tribunal Supremo que lo anuló en 2011, ha iniciado la labor para elaborar un censo de todo el parque edificatorio municipal y conocer la antigüedad de los edificios del municipio, sobre todo, para identificar los de carácter residencial y de antigüedad superior a 50 años. Además, se está trabajando en la puesta en marcha de unas jornadas informativas sobre el marco normativo actual, dirigidas a las comunidades de propietarios, administradores de fincas, técnicos y ciudadanía en general.
El concejal de Urbanismo y Planificación, Luis García, señaló ayer a través de un comunicado oficial que "tenemos que conocer la antigüedad de nuestro parque edificatorio como un primer paso esencial, pero, en estos días, también hemos visto que hay una necesidad de explicar a la ciudadanía los procedimientos para evitar circunstancias como las que hemos vivido estos días".
Sobre la investigación de las causas del trágico derrumbe, que lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, García volvió a recordar que desde el año 2000, a Urbanismo no le consta que se concediera ninguna licencia a ese edificio para obras. Tampoco le consta a la gestoría que llevaba el número 12 de la calle Amalia Alayón, Brokers y Analistas SL, propiedad casualmente de la actual concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arona, Raquel García, que unos obreros realizasen obras en uno de los locales de los bajos al menos desde diez días antes del derrumbe. Ni siquiera a García le constan quejas formales o verbales sobre presuntas grietas en el edificio, tal como aseguró a este periódico.
Sin embargo, residentes y vecinos de la zona han asegurado que vieron a los obreros trabajando en el local en el que estuvo muchos años Banesto, y en el que se iba a instalar una sucursal de una cadena tinerfeña de productos de peluquería, en los días previos al colapso. Además, algunos de los antiguos residentes del inmueble también dejaron claro ayer que sí elevaron quejas a Brokers y Analistas SL sobre la aparición de "importantes grietas" en los muros tras unas obras que realizaría Banesto en 2002 y 2003 para reformar su local.
El edificio número 12 se construyó entre 1972 y 1973, y el concejal de Urbanismo aclaró que "el Ayuntamiento no pudo actuar conforme a los protocolos de los que ya dispone porque no se comunicó que se estuvieran realizando trabajos en el interior, no se había concedido ninguna licencia de obras y no existía ninguna comunicación acerca de que existiera alguna sospecha sobre la estructura".
No obstante, García recuerda que "será la Justicia la que determine las causas de este desgraciado incidente" y que el Ayuntamiento "colaborará con todo lo necesario en la investigación".
El edil subrayó que el Ayuntamiento ha tramitado "numerosas licencias de obra mayor para refuerzos estructurales durante los dos últimos años, que han sido resueltas en muy pocas semanas dándole preferencia en la tramitación". "Ello evidencia, por un lado, que mucha gente empieza a tener conciencia sobre el deber de conservar y no esperan a que los edificios estén al borde del colapso, y por otro que el Ayuntamiento tiene establecidos protocolos y criterios internos para atender y resolver de la manera más ágil posible los procedimientos relacionados con la seguridad de las edificaciones".
