El futuro laboral en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del agente de movilidad, de unos 30 años, que fue detenido por la Policía Nacional por supuestamente cobrar 50 euros a cambio de retirar la denuncia de tráfico que él mismo impuso a los automovilistas en al menos dos casos, dependerá de cómo se desarrolle la investigación que realizan los policías nacionales y de la posterior decisión del juez.
Eulalia Guerra, directora de Seguridad Ciudadana dejó muy claro que la corporación "no puede permitir" que ocurran "hechos muy graves". "Hay que respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, si es condenado por estos supuestos cobros por quitar multas, se abriría de forma tajante un expediente sancionador", resaltó Eulalia Guerra.
