La Guardia Civil desarticuló una trama que usurpaba propiedades inmuebles para su posterior venta, tras detener a 17 personas, la mayoría en la provincia de Las Palmas, entre las que figuran dos notarios, así como abogados, gestores inmobiliarios y funcionarios del Catastro.
Según informó ayer la Guardia Civil en un comunicado, los 17 detenidos, 11 hombres y 6 mujeres, fueron arrestados en Gran Canaria Lanzarote, Fuerteventura, Palma de Mallorca y Ávila entre los pasados mese de febrero y marzo y han sido puestos en libertad y pasado a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha coordinador la operación.
La desarticulación de esta trama, denominada "Atino", se llevó a cabo por la policía judicial de la Guardia Civil, tras la denuncia de una persona en 2015 de un intento de usurpación de una propiedad ubicada en Fuerteventura mediante la alteración de los datos catastrales.
A los investigados en esta trama se les atribuye delitos de falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho, según la nota, que precisa que las propiedades afectadas están valoradas en más de 13 millones de euros.
Tras la citada denuncia de 2015, se detectaron irregularidades en cambios de titularidad de propiedades que efectuaba un funcionario del Catastro de la provincia de Las Palmas que colaboraba supuestamente con una gestoría dirigida por un funcionario en excedencia de este departamento, y dos ramificaciones de la trama en Lanzarote y Fuerteventura que actuaban de forma autónoma.
Según la Guardia Civil, la red redactaba documentos de compra-ventas privadas y notariales fraudulentos, al objeto de arrebatar las propiedades inmuebles (fincas rústicas en su mayor parte y también urbanas) a sus propietarios para incorporarlos al patrimonio de los integrantes o venderlos a terceros.
Para la selección de las propiedades, se estima que el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales, señala la nota, que precisa que entre los perjudicados localizados figuran 23 colectivos tanto instituciones como asociaciones (familiares o del ámbito privado) y 21 particulares.
No obstante, la Guardia Civil no descarta que haya más perjudicados debido al tiempo que ha estado operando esta trama, que se desarticuló en cuatro fases, desde la primera operación iniciada el pasado 14 de febrero en Fuerteventura, en la que se detuvo a cuatro personas supuestamente implicadas y la cuarta y última llevada a cabo el 28 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.
En las diferentes fases se intervinieron 4.000 euros, cinco vehículos, material informático y documentación probatoria. Las detenciones se llevaron a cabo en Gran Canaria, dos funcionarios del Catastro, un abogado, y otros cuatro implicados; en Fuerteventura, cuatro detenciones; en Lanzarote, un implicado; en Palma de Mallorca, una persona relacionada con la trama en Fuerteventura que cambió su residencia; y en Ávila de otro notario que formaba parte de la trama de la isla majorera.
