Santa Cruz de Tenerife

Investigan a dos médicos y una farmacéutica por tráfico de fármacos hipnóticos

Podrían haberse lucrado con hasta cien euros por cada prescripción ilegal

20.05.2017 | 19:10

La Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife investiga a dos médicos y una empleada de farmacia por el uso irregular de más de 1.000 recetas médicas de medicamentos que contenían un principio activo hipnótico, y que podrían haberse lucrado con hasta cien euros por cada prescripción ilegal.

Según indica el cuerpo de seguridad en una nota, la investigación está relacionada con la expedición de más de 1.000 recetas durante los dos últimos años, todas ellas de medicamentos cuyo principio activo es el Zolpidem.

Las pesquisas se iniciaron después de que en julio de 2016 la Inspección de Farmacia del Servicio Canario de la Salud emitiese un informe relacionado con las excesivas prescripciones de los medicamentos que contenían el citado principio activo a una única paciente en Tenerife, susceptible muy probablemente de desviación a fines no terapéuticos.

El principio activo Zolpidem es un medicamento sedante e hipnótico indicado en el tratamiento a corto plazo del insomnio en adultos, en situaciones en las que el insomnio debilita o causa ansiedad grave en el paciente.

La investigación determinó que casi todas las recetas públicas (más de 700) eran expedidas por un único especialista, un psiquiatra de la isla que dispone de consulta privada en la capital, y la inmensa mayoría de las recetas lo eran a favor de una misma paciente.

Posteriormente y al indagar en las ventas de ese medicamento se detectó la emisión de más de 1.000 recetas públicas y varios cientos de recetas privadas, además de un paquete de recetas falsificadas, todas ellas con el mismo principio activo.

La Guardia Civil indica además que es destacable la actitud dolosa del médico psiquiatra que, tras haber detectado que estaba siendo investigado en fase inicial, optó por dejar de emitir recetas públicas que contenían el citado principio activo para continuar haciéndolo con las privadas.

También se demostró la participación de una doctora de medicina general (ya retirada del ejercicio de la medicina) y una empleada de farmacia pues al parecer la doctora firmaba recetas en blanco a petición de la farmacéutica y ésta las fotocopiaba antes de rellenarlas para así multiplicarlas, y posteriormente retiraba el medicamento de varias farmacias del área metropolitana.

Era la empleada de farmacia la encargada de vender posteriormente las recetas o el medicamento, obteniendo así un beneficio económico aún no determinado.

La investigación ha destapado también la "permisividad" de una farmacia en concreto que, conscientes del altísimo número de recetas del mismo medicamento que eran presentadas para su despacho, no emitió alerta alguna sobre el asunto.

Todos los implicados han sido detenidos o investigados a lo largo de los últimos meses como partícipes en un delito contra la salud pública.

Además el uso de las recetas públicas implicaba un fraude a la Seguridad Social en razón a la subvención que conlleva cada receta.

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