En un comunicado, Hacienda detalla que la denominada operación "Dragón" ha conllevado el registro de polígonos que son "claves" para la introducción en España de mercancía procedente de Asia, como Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid), El Carrús (Elche, Alicante) y Badalona Sud (Barcelona), entre otros.

De ese total de 61 naves, once están en Andalucía, uno en Aragón, uno en Asturias, dos en Baleares, tres en Canarias -dos en el polígono de Jinámar (Gran Canaria) y la otra en las Chafiras (Tenerife), cuatro en Castilla y León, trece en Cataluña, uno en Extremadura, siete en Galicia, ocho en Madrid y diez en la Comunidad Valenciana.

En estos polígonos se distribuyen más del 50 % de todas las mercancías que entran en España procedentes de China en diversos segmentos de los sectores del textil, calzado, juguetes, pequeño menaje y papelería, entre otros.

La operación parte del conocimiento de la Agencia, a partir de inspecciones e investigaciones efectuadas en los últimos años, de los esquemas de actividad en "B" que realiza el sector.

El dispositivo de entrada y registro -que se prolongará al menos durante todo el día de hoy- cuenta con la participación de más de 370 funcionarios.

La Agencia Tributaria explica que las sociedades afectadas por la operación venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7 % de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector.

Junto a esto, muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática, añade Hacienda.

A su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector, se pudo comprobar que el 70 % de todas sus ventas y compras eran en "B".

Las investigaciones previas permitieron constatar la existencia de un "intenso movimiento de efectivo" que se ingresaba en cuentas bancarias, denominadas "patera", y que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector envíen importantes remesas de efectivo a China.

También se había comprobado la existencia de una doble operativa de estas empresas en facturación.

Por un lado, cuando sus clientes no les exigían factura, directamente vendían en negro, en "B".

Por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, hacían facturas falsas para incrementar falsamente sus costes.

También se habían detectado pagos masivos en efectivo de empresarios minoristas y distribuidores en estos polígonos evitando así el IVA y superando el máximo de 2.500 euros que admite la ley.

El objetivo de estas actuaciones no pretende ser solo la regularización puntual de las empresas inspeccionadas, sino también "concienciar" a los empresarios del sector "de que esta forma irregular de funcionamiento no puede continuar" y de que la Agencia Tributaria ha emprendido una campaña de seguimiento global de las declaraciones fiscales del colectivo.