Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 19 empresarios acusados de defraudar supuestamente más de once millones de euros en impagos sistemáticos a la Seguridad Social acumulados durante años a través de decenas de sociedades de Gran Canaria y Tenerife, según informó ayer en un comunicado la Jefatura Superior del cuerpo en Canarias.
El volumen total de lo defraudado asciende a 11.116.522,68 euros, cantidad que se habría visto incrementada sustancialmente de no haberse actuado conjuntamente tanto policial, como administrativamente.
Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Arona y La Laguna son los municipios donde tenían sus sedes las 53 empresas que fueron investigadas, algunas de las cuales llegaron a dejar de pagar hasta más de 120.000 euros en un año a la Seguridad Social.
Las investigaciones comenzaron en tanto que se recibieron varios escritos emitidos por parte del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y sus dos direcciones provinciales en el Archipiélago canario.
Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, los agentes pudieron concluir la existencia de indicios racionales de distintos delitos relacionados con las empresas sospechosas.
Después de que los investigadores detectaran un claro incremento en los últimos ejercicios del número impagos sistemáticos de seguros sociales por parte de los responsables de las 53 empresas investigadas, que en algunos de los ejercicios fiscales sobrepasaban los 120.000 euros, se comprobó que existía un claro ánimo defraudatorio.
Para esta finalidad fraudulenta, al parecer, los empresarios utilizaban presuntamente ardides fiscales, como constituir sucesiones empresariales, complejos entramados mercantiles y también realizaban maniobras de ocultación para llevar a cabo los delitos.
El análisis de los informes y de la documentación relacionada con los hechos ilícitos, sumado a las actuaciones administrativas llevadas a cabo y a la consulta de los registros públicos de los que se obtuvieron datos patrimoniales sobre las empresas y personas investigadas, permitió a los agentes esclarecer los 26 delitos cometidos por las 53 empresas analizadas, las cuales tienen sus respectivas sedes en las dos provincias del archipiélago canario.
Fueron arrestados un total de 19 sospechosos por ser las supuestos autores de cometer el fraude a la Seguridad Social y el alzamiento de bienes. Asimismo, se les tomó declaración a otras 23 personas, en calidad de investigadas, pero no fueron detenidas por no cometer supuestamente los delitos que cometieron los detenidos.
