Una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Málaga, Madrid y Barcelona ha sido desarticulada por la Policía Nacional, actuación en la que han sido liberadas quince mujeres -cinco de ellas menores- que habían sido sometidas a vudú y forzadas a prostituirse.
La operación se ha saldado con la detención de dieciocho personas como presuntas responsables de los delitos de trata de seres humanos, relativos a la prostitución y corrupción de menores, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal, entre ellas la líder de la red, una mujer nigeriana de 30 años.
La investigación se inició hace un año gracias a dos denuncias anónimas en las que dos ciudadanos manifestaban que varias menores de edad estaban ejerciendo la prostitución en las inmediaciones del polígono industrial Guadalhorce de Málaga, según ha informado hoy la Policía en un comunicado.
La organización, que tenía en Málaga su centro de operaciones, contaba con una fuerte infraestructura en Europa y por los países por los que transitaban las mujeres -Italia, Alemania y Austria-, así como en Nigeria, que les permitía captar a las mujeres y trasladarlas hasta España para explotarlas sexualmente.
Una vez captadas las víctimas entre los estratos sociales y económicos más bajos en Nigeria, las mujeres eran sometidas a rituales de vudú, "yuyu" o "magia negra", prácticas de brujería en las que se sacrifican animales, para someterlas y obligarlas a pagar la deuda que contraían al gestionarles el viaje.
Las mujeres eran trasladadas a España principalmente por vía aérea y haciendo escala en otros países europeos, para lo que la trama utilizaba documentación falsa, indebidamente expedida o a nombre de una tercera persona que residía legalmente en Europa a la que usurpaban la identidad.
Según la Policía, cuando las víctimas llegaban a España, se encontraban en una situación de "absoluta dependencia" de los explotadores, ya que carecían de documentación válida, desconocían el idioma, la cultura, la legislación y desconfiaban de la Policía, unido al miedo a represalias.
La organización estaba liderada por una mujer nigeriana de 30 años que desempeñaba tanto el papel de captadora como de explotadora y aprovechaba sus frecuentes viajes a África para captar a sus víctimas y posteriormente explotarlas sexualmente en España.
Los agentes constataron que las víctimas eran vigiladas permanentemente por un controlador, mientras que otra persona, el explotador, era el responsable de recaudar diariamente el dinero obtenido por cada una de ellas, a las que llegaba a agredir físicamente si algún día no conseguían ganancias.
