Una mujer se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife por un delito de estafa, ya que tras verse involucrada en un accidente de tráfico supuestamente simuló unas lesiones, por las que recibió una indemnización de 19.836,92 euros.

La procesada percibió dicha cantidad en concepto de prestación por incapacidad temporal derivada del accidente, cuyo causante fue condenado por un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en concurso ideal con un delito de lesiones imprudentes.

En el marco de dicho procedimiento penal, según hace constar el fiscal en su escrito de calificación, se emitió informe médico forense en el que se aprecian "datos incongruentes" entre el estado de "desconexión" de la acusada y la exploración física a la que fue sometida.

En la misma, las peritos hicieron constar reflejo corneal normal, resistencia activa y constante a la apertura ocular, reflejo de retirada a la estimulación lumínica, control de la velocidad de la caída del brazo a la elevación pasiva y fascies de dolor al estímulo doloroso.

Tampoco observaron hipotonía en ninguna de las extremidades, mientras que la paciente mantenía los reflejos osteostendinosos y la masa muscular intacta en el momento de la exploración.

El informe concluye que, en vista de que "no existe ninguna enfermedad o trastorno que explique estas incongruencias", además de las pruebas aportadas, "desde el punto de vista médico no existe razón que le impida declarar".

El fiscal sostiene que la acusada "utilizó engaño al simular un estado de incapacidad encaminada al cobro de las prestaciones que le pudieran ser reconocidas en atención a las patologías que pretendió atribuir al accidente de tráfico".

Y añade que "tal simulación determinó igualmente el reconocimiento judicial de la incapacidad, pudiendo ello haber desembocado en la percepción por la misma o por sus allegados de prestaciones económicas por tal causa".

Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife revocó la incapacidad temporal de la acusada y la condenó a la devolución de los 19.836,92 euros, que fueron abonados en pago delegado; sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El fiscal pide para la acusada 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de 1.200 euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago, además del pago de las costas procesales.