La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y una multa de 1.168.201,17 euros a los dos propietarios de varios restaurantes de la capital grancanaria y Arucas por, presuntamente, haber cometido un delito continuado contra la Seguridad Social al omitir el pago de las cotizaciones debidas a la administración, obteniendo en algunos casos subvenciones a la cotización de manera irregular por inscribir a trabajadores con contratos de formación o aprendizaje sin concurrir los requisitos legales para ello.
Además, según el escrito del ministerio fiscal, evitaron la declaración de responsabilidad solidaria por parte de la Inspección del Trabajo por estos incumplimientos mediante la creación de sucesivas entidades mercantiles que coincidían en actividad, órgano de administración e incluso centros de trabajo y traspaso de los trabajadores. El juicio iba a tener lugar este lunes pero se ha pospuesto hasta noviembre porque la acusación particular ha presentado más pruebas que tenían que ser analizadas.
El tribunal de la sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido aplazar el juicio tras presentarse nuevos documentos probatorios que establecían la deuda contraída por las cuatro mercantiles en alrededor de 800.000 euros, así como más información sobre la ausencia de solicitud de aplazamiento de deuda desde finales del año 2016. De hecho, según el abogado de la acusación particular, la última vez que se abonó algún aplazamiento fue en 2015, habiéndose pedido varios en 2016 sin que se llegaran a abonar. Igualmente, se ha presentado a una nuevo perito para que explicara esta nueva documentación.
Por todo ello, la defensa ha solicitado el aplazamiento del juicio para poder "cotejar" y analizar toda la información novedosa con la que se tenía, aludiendo a que podía causar indefensión al resultar "imposible" hacerlo durante la sesión. Unos argumentos que no han compartido la Fiscalía y la acusación particular, pero que sí ha hecho suyos el tribunal, que también ha instado a numerar las nuevas pruebas para hacerlas más inteligibles. En principio, la causa se trasladará hasta noviembre.
Los propietarios obtenían supuestamente subvenciones irregulares al inscribir trabajadores con contratos de formación sin cumplir los requisitos
En el escrito del ministerio fiscal se detalla que los acusados, marido y mujer, crearon tres entidades para traspasar la actividad que desarrollaba su primera mercantil, Integrated Services, SLU, con el objetivo, presuntamente, de "eludir el pago de la deuda con la Seguridad Social que se genera automáticamente con el alta en sistema público de sus trabajadores". Así, continúa la Fiscalía, "dejaron sin objeto y sin medios" a esta última compañía y dividieron a la plantilla entre las otras tres "de manera que la deuda que se fuera generando por las mismas no alcanzara los elevados importes que tiene la de Integrated Services, SLU".
Esta empresa contaba con dos centros de trabajo, que son los restaurantes La Marea ubicados en dos emplazamientos de Las Palmas de Gran Canaria, las calles Santiago Tejera Osavarry y Alcalde Ramírez Bethencourt. La fecha de alta del primer trabajador fue en diciembre de 2011, pero está dada de baja desde mayo de 2015 al no tener trabajadores. La entidad tiene una deuda contraída con la Seguridad Social por falta de cotización entre 2012 y 2015 por valor de 215.004,95 euros, según el escrito de Fiscalía.
En base a los argumentos esgrimidos por el fiscal, las tres empresas creadas después de 2015 -Rice Fusion, SL, Costa Restaurante, SL y La Bodega de La Marea, SCP- suceden en la actividad a Integrated Services, SLU y, por tanto, son responsables solidariamente de la deuda contraída por esta última. Pero además, la primera de las compañías ha contraído más compromisos con la Seguridad Social por falta de cotización por importe de 116.097,97 euros, mientras que la segunda lo ha hecho por valor de 58.294,47 euros.
"Todas se dedican a la misma actividad de explotación de dos restaurantes, instalados en los mismos locales, con los mismos trabajadores que se traspasan en bloque desde Integrated a las demás, constando que ninguno de ellos contaron con otro contrato con empresa diferente en los pocos días que pasan entre la baja en una entidad y el alta en la siguiente, y con los mismos medios materiales", remata el escrito, que además hace constar que todas ellas tienen como administradores únicos al matrimonio que se sienta en el banquillo.
Ante estos presuntos hechos, la Fiscalía ha solicitado penas de seis años de prisión a ambos acusados, así como una multa de 1.168.201 euros y dejar de optar a subvenciones públicas y de incentivos fiscales o de seguridad social por tiempo de ocho años. Igualmente, tanto los acusados como las distintas entidades indemnizarán conjunta y solidariamente a la Seguridad Social por la deuda contraída por Integrated Services, SLU y por las dos mercantiles creadas a posteriori a razón de 116.097 euros Rice Fusion, SL y de 58.294 euros Costa Restaurante, SL.
