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AMALGAMA

Memorias

Santiago Carrillo saluda a Serrano Suñer. LP

Ciertos empeños de pasar todo por el tamiz de la justicia humana, representada por un tribunal cuya diosa es una señora con los ojos vendados, no consiguen mucho más allá de lo que lo hace un Cuento de Andersen, un efecto tal vez arquetípico, pero difícil de enraizar en supuestos derechos absolutos. Por ejemplo, el rey de España, en la pasada navidad, dijo: "Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas". Parecía una frase de Gandhi, digo más, del Papa Francisco. Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica elevó una queja por atacar los derechos de las familias de los 114.226 desaparecidos de la dictadura franquista, y solicitaron al Defensor del Pueblo que interviniera. Esta cuestión, analíticamente, no es baladí, en el sentido de investigar si se trata más de una legítima petición de equilibrio psicológico, que atañería a los interesados y herederos, o si bien, la cuestión se ha convertido en un asunto político enarbolado interesadamente por quienes nunca estuvieron allí. Los episodios psicoanalíticos de la memoria histórica, que afectan a los pueblos, pueden quedar tocados, respecto a su original concepción, como lo están quedando las teorías arqueológicas clásicas, a la vista de los avances tecnológicos, que posibilitan contrastar por Carbono14 u otros medios biométricos más potentes y modernos, por no hablar de técnicas historiográficas contemporáneas, las suposiciones teóricas, para, al final, muchas veces, aunque no siempre, poder concluir en algo distinto, e incluso contrario, a lo pensado en origen. Es obvio que, tras 40 años de democracia en España, el resurgir tardío de un justiprecio por el mal que hicieron los funcionarios y gerifaltes de la dictadura, se ha materializado en una Ley de Memoria Histórica que parodia a otras semejantes en el entorno europeo, en Alemania, o en la legislación contra el negacionismo en Francia, etcétera. Empero, concebida como restitución de las injusticias de los vencedores, tiene sus sorpresas. Hace unos meses veíamos cómo en Madrid se quitaban calles franquistas para dárselas, por ejemplo, a Simone Weil, a la que se ponía como adalid de filósofa brigadista antifascista, que participó, sin embargo, en actos violentos de los que más adelante se arrepintió. Y hace unos meses, también, acabamos de conocer el texto, recientemente publicado en Espasa, por los historiadores Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío, titulado 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, quienes demuestran eso: que las elecciones en las que el Frente Popular pasó a gobernar, fueron fraudulentas, y ésa es la República gobernada fraudulentamente, a la cual se da, por los partidarios de la Memoria Histórica, carta de víctima y de sujeto a defender, en lugar de observarlo todo neutralmente, como es más profesional hacerlo, y empezar a sospechar de la legitimidad del gobierno republicano. Pareciera que se ejerce más la política que la historia y, en ese caso, habría de redenominarse la ley: de Memoria Política. Pues bien, al efecto, nos interesa, asimismo, leer la obra Historias ocultadas del nacionalismo catalán, 2011, del profesor de sociología Javier Barraycoa, vicerrector de la Universidad catalana Abad Oliva CEU, quien, en un libro más reciente, Los (des)controlados de Companys, 2016, explica cómo Companys creó por decreto unos 200 Comités de Milicias, que llevaron a cabo 1538 asesinatos de curas, 824 de religiosos, 76 de monjas, y 3 de obispos catalanes. Barraycoa calcula que, en agosto de 1936, las matanzas de religiosos eran de unos 70 diarios, en Lérida se exterminó al 65 por cien del clero, en Tortosa al 62 por ciento, en Vic al 27 por ciento, en Barcelona al 22 por ciento, en Gerona al 20 por ciento, en Urgel al 20 por ciento, en Solsona al 13 por ciento. En cálculos de toda España, el 35 por cien del clero asesinado lo fue en Cataluña, y Barraycoa pone como ejemplo la respuesta de Companys a Juan Simeón Vidarte cuando hablaba de frailes: "De esos ejemplares aquí no quedan". En Barcelona ardieron 500 iglesias, sólo se salvaron 10, se quemaron 464 retablos y se prohibieron las campanas. Companys mató a 1199 carlistas, 117 componentes de Acción Popular Catalana, 110 del Sindicato Libre, 108 de La Falange, 213 de la CEDA, 70 de Renovación Española, y 36 de Unión Patriótica. Murieron, también, 54 periodistas, 31 aristócratas, 52 componentes del Club Ecuestre? Con los adelantos tecnológicos actuales, puede que, en muchos lugares, la Memoria Histórico-Política se vuelva en contra de lo supuesto y se tengan que revisar los presupuestos iniciales para el caso de que las cifras finales cambien el equilibrio histórico-político, y pasen de nuevo las víctimas a ser villanos, o viceversa, como en el caso de Marcos Ana, del que unos dicen poeta, y otros, asesino. Si se trata de contar hay que contar en los dos platos de la balanza, los de un lado y los de otro. Cualquier otra cosa es hacer trampa (es decir, hacer política), la misma trampa que ya hicieron los anteriores, y encima significada por quienes nunca estuvieron allí. Y para terminar la ilustración de este exordio, podría hacerse con la foto conseguida por Fernando Delgado, en los años noventa, de Santiago Carrillo y Serrano Suñer, dos significados patibularios de cada lado de la contienda, dándose la mano y saludándose, en tanto ahora, quienes no estuvieron allí, repetimos, quieren, con los símbolos de cada cual, empezar de nuevo a mamporrazos, unos mamporrazos que, después del fragor de la batalla, terminan siempre en palinodias.

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