"Asesor jurídico de la Persona, Familia y Casa de su Majestad el Rey Don Juan Carlos I". Así se presentaba hasta poco más de un año José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que desde 1993 hasta diciembre de 2014 fue el hombre de máxima confianza del anterior monarca en los asuntos particulares de la familia real.
Y es ahora uno de personajes claves en el juicio que sienta a Urdangarin y la infanta Cristina en el banquillo por el caso Nóos. Este abogado, exjesuita y exmarxista de aristocrático abolengo gallego es uno de los cuatro ex empleados de Zarzuela, junto con Fernando Almansa, Alberto Aza y Carlos García-Revenga, citados a declarar como testigos en el caso Nóos. Y sin duda uno de los que más sabe del asunto que es ahora la comidilla nacional.
El conde de Fontao fue el emisario real ante Urdangarin para intentar detener el escándalo que se veía venir desde que en 2004 saltaran las alarmas sobre sus negocios disfrazados de ONG, cuando trascendió que la infanta Cristina y su marido habían comprado el ostentoso palacete de Pedralbes en Barcelona por siete millones de euros.
José Manuel Romero, que en 1993 sucedió como abogado de los asuntos privados del Rey a Manuel Prado y Colón de Carvajal, caído en desgracia al verse salpicado por los turbios negocios de Javier de la Rosa, el rey del pelotazo en aquellos años de vertiginosas fortunas, es el arquetipo del hombre que sabe demasiado.
La edición española de Vanity Fair bromeaba hace un tiempo con el potencial de secretos que atesoraba el aristócrata de raíces gallegas. "Si en estos momentos pudiese tomar el cuerpo de otra persona -decía el autor de un reportaje sobre el hombre de confianza del monarca en la revista de matriz estadounidense-, me convertiría en el párroco confesor del conde de Fontao. Le esperaría pacientemente en el confesionario y le diría: cuénteme, José Manuel, cuéntemelo todo. Porque José Manuel Romero, amigo de don Juan Carlos desde antes de que fuera Rey, es la caja de secretos más apasionante de la actualidad española". Seguramente podríamos poner este mismo deseo en boca del juez del mediático caso Nóos.
José Manuel Romero fue durante más de dos décadas el hombre de máxima confianza de la Corona, mediante un particular estatus de consejero no oficial del monarca español. La relación entre ambos se remontaba sin embargo a muchos años atrás. Son amigos personales desde el otoño de 1959, cuando el horizonte del futuro monarca solo mostraba incertidumbre en una España franquista que le era hostil. Romero Moreno echó un capote entonces a un atribulado Juan Carlos que comenzaba a estudiar Derecho en la Complutense, donde fue recibido a gritos por falangistas.
La relación contractual de José Manuel Moreno con Zarzuela tenía un particular matiz: no solo era el abogado personal del Rey, sino también asesor externo para todos los asuntos legales de la Casa del Rey. Era el único adjudicatario que prestaba servicios a la Corona a título estrictamente personal. No existía ningún otro contrato similar con otros asesores.
En esos 22 años de asesoramiento, fue el consejero de Juan Carlos I en asuntos espinosos de la familia real como el matrimonio y el divorcio de la infanta Elena con Jaime de Marichalar. También representó al Rey en la controvertida operación inmobiliaria para la venta en 2002 de Villa Giralda, el chalé de lujo madrileño así llamado en honor de la residencia lisboeta en la que don Juan de Borbón permaneció exiliado, y que dejó en herencia a sus tres hijos: Juan Carlos, Pilar y Margarita.
La residencia fue vendida en 2,7 millones a la promotora inmobiliaria CPV, que poco después saltaría a los titulares por su quiebra fraudulenta, que afectó a 1.200 familias que habían confiado por adelantado más de un millón de pesetas para unas viviendas que jamás se construyeron. Dos hijos de la infanta Pilar, sobrinos del Rey, llegaron a sentarse en el banquillo, acusados de cobrar una insólita comisión de 1,5 millones de euros en dicha transacción inmobiliaria, que representaba más de la mitad del monto total de la venta de la villa, por 2,7 millones. Fuentes oficiosas dejaron entrever entonces que Pilar de Borbón y sus hijos habían ocultado la onerosa comisión al Rey.
Su misión más ardua todavía colea: evitar daños colaterales a Don Juan Carlos y a la Corona por la corruptela urdida por Iñaki Urdangarin, que acabó por sentar también en el banquillo a su esposa, la infanta Cristina, el primer miembro de la familia real española sometido a juicio.
El conde de Fontao hizo cuatro viajes a Barcelona para intentar meter en vereda a Urdangarin.
El emisario de la Corona inició estos contactos con el yerno del Rey en 2004, cuando empezaron a aparecer los primeros indicios inquietantes sobre los negocios de Urdangarin. La información publicada a finales de octubre de ese año por el diario La Vanguardia sobre la compra del palacete de Pedralbes por los Urdangarin fue el pistoletazo de salida que acabaría en el juicio más sonado.
Además de poner en evidencia una capacidad financiera muy superior a los ingresos oficiales del matrimonio, el informe periodístico incluía un dato de la escritura de compra del lujoso inmueble que encendió todas las alarmas en la Zarzuela: la mansión se había adquirido a medias, sin régimen de separación de bienes.
Con ello no solo se rompía una norma que ya habían acatado la infanta Elena y su marido Jaime de Marichalar, sino que se establecía un potencial peligro de vinculación de la familia real con cualquier posible consecuencia legal de esas actividades. Que finalmente llevaron a la hija del Rey al banquillo.
Un tirón de orejas
La primera visita del conde Fontao a Urdangarin en noviembre de 2004 perseguía simplemente dar un tirón de orejas al yerno favorito del Rey por romper esa regla.
Urdangarin tenía una especial relación con don Juan Carlos, quien le consentía más que a otros miembros de la familia real. Al abogado personal del Rey se le encarga entonces una mera reprimenda al yerno.
José Manuel Romero descubre sin embargo en ese primer encuentro que los duques de Palma, además de comprar el palacete a medias, habían constitudo también una sociedad -Aizoon- dedicada a operaciones inmobiliarias.
En un posterior encuentro con Urdangarin, el conde de Fontao le exige información detallada del modus operandi del Instituto Nóos. Es entonces cuando empieza a cobrar cuerpo la sospecha de que las actividades oficialmente no lucrativas del Instituto Nóos podían estar contaminadas de negocio fraudulento.
José Manuel Romero hará todavía más viajes a Barcelona para verse con Urdangarin a medida que el asunto escala en la prensa. A esas alturas, la consigna en Zarzuela es poner punto y final a una mezcla inaceptable de institución no lucrativa y actividades mercantiles. El abogado gallego es el encargado de trasladar estas instrucciones a Urdangarín a finales de 2005. La idea es separar las actividades. Poner en marcha una sociedad mercantil, sin presencia de Urdangarin y crear una fundación totalmente ajena a cualquier atisbo de negocio, según publicó la periodista Ana Romero en El Español.
Así nace, no sin retraso, en mayo de 2006, la Fundación Areté. Pero lo único que cambia es el nombre. Las peligrosas conexiones con el negocio están tan presentes como en Nóos. El conde de Fontao vuelve vuelve a mostrar su disconformidad al yerno del Rey, en un encuentro más tenso que los anteriores. Y le exige otra fundación.
Llegará a final de 2006, con el nombre de Fundación para el Deporte, la Cultura y la Integración Social (FDCIS). Urdangarin hizo caso esta vez, pero a su manera. La nueva fundación, como demostrarían las investigaciones judiciales, sería el instrumento para desviar dinero a una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Belice. Pero entonces parecía que las cosas se habían por fin encauzado.
Transcurren unos años de aparente tranquilidad, con residencia de los duques de Palma en Washington de por medio, hasta que en 2010 estalla la tormenta. El juez José Castro, que investigaba en Baleares un caso de corrupción vinculado al Gobierno autonómico, conocido como Palma Arena, abre una pieza separada en la que tropieza con los negocios ilegales de Urdangarin. Un año después, en noviembre de 2011, la policía judicial registra la sede del Instituto Nóos en Barcelona.
La suerte del yerno del Rey, que había hecho caso omiso de las reiteradas advertencias del abogado gallego, estaba echada. Y quizás, con él, la de la infanta Cristina.
José Manuel Romero tiene una gran relación con Galicia, desde que heredó en 1993 el condado de Fontao en Lugo, un señorío rural de finales del siglo XVI, y posee un pazo en Foz, donde suele veranear.
Fue también asesor legal de la Fundación Caixa Galicia y de la Barrié. En 2009, fue uno de los asistentes al funeral de la Condesa de Fenosa, Carmela Arias y Díaz de Rábago, en la iglesia coruñesa de San Jorge.
Su especial vinculación contractual con la Corona cesó en diciembre de 2014, al no ser renovada su función de asesor externo por Felipe VI. Su último servicio a don Juan Carlos tuvo que ver con la demanda por paternidad interpuesta contra el entonces Rey por la belga Ingrid Sartiau.
O más bien habría que decir el penúltimo, ya que el servicio de lealtad definitivo a su amigo y monarca será más que probablemente el que prestará al declarar en el juicio del caso Nóos. Es previsible que repita la versión que ya dio al juez Castro en 2013: que instó a Urdangarin a dejar sus negocios, pero que no habló del caso Nóos con el Rey, sino que lo hizo solamente con el jefe de la Casa Real, Alberto Aza.
Una declaración que finalizó entonces con este comentario del magistrado José Castro: "Lo que ha declarado es su verdad, pero su declaración me parece poco creíble".
