Francisco López, concejal de Urbanismo hasta mayo de 2013, desmintió ayer ante la juez Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde e instructora del caso La Mareta, que negociara el pago con fondos del ICO de 13, 2 millones de euros al propietario de la empresa Horneras, Ambrosio Jiménez, para recuperar la titularidad municipal de una parcela (P-1)en el parque comercial de La Mareta y ponerla a disposición del empresario Julián Gómez del Castillo tras una sentencia de 2011.
En su declaración, que duró una hora, el edil popular declaró que no sabía ni había hecho nada y que el tiempo que estuvo en Urbanismo siempre actuó conforme a los informes de los técnicos. Además, aseguró a la juez que el expediente por el que es imputado se le remitió desde la Alcaldía.
Así, López desmiente lo dicho por la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, en su comparecencia el 12 de enero de 2015, en las que argumentó que ella había actuado con los informes preceptivos y que fue el exedil de Urbanismo y el exinterventor municipal, Enrique Orts, ambos imputados los que llevaron la negociación del convenio y la forma de pago.
La declaración de Francisco López, en la actualidad edil de Presidencia, Sanidad y Juventud, y que está de vacaciones, se produce después de haber pedido comparecer ante la juez Peña para dar su versión sobre este asunto. Con anterioridad, López se había negado a declarar sobre este caso el 30 de junio de 2014, pero las afirmaciones de la alcaldesa y compañera del Partido Popular sobre su supuesta participación directa en la firma del convenio denunciado por Más por Telde, le ha motivado a dejar su mutismo y comparecer ante la instructora del caso La Mareta.
La magistrada ha unido a este sumario la denuncia del portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Carreño sobre el pago de esa cifra a cargo de los fondos del Insituto de Crédito Oficial (ICO) y que tiene como imputados a la propia alcaldesa teldense, al edil popular, al técnico José Luis Mena, Ángel Sutil, secretario de la corporación y al exinterventor municipal, ya jubilado, Enrique Orts. Además, Aguas de Telde y una familia también están imputadas en la causa.No obstante, según fuentes consultadas, no se descarta que pueda haber más imputaciones tras las dos comparecencias celebradas ayer.
La primera de ella se había producido a las 10.00 horas, con la declaración de Juan Francisco Artiles Carreño, portavoz de Más por Telde, quien ratificó ante la juez, la fiscal y todos los abogados presentes su denuncia, en la que observa tres delitos: prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental. Artiles, quien compareció durante dos horas y media, aportó todos los datos requeridos por las partes sobre cada uno de los aspectos de su denuncia, y fundamentó sus acusaciones.
Enrique Orts, exinteventor municipal y también citado para prestar declaración, por segunda vez ante la juez Peña, tendrá que comparecer en otra cita al posponerse su comparecencia de ayer. La razón por la que el funcionario ya jubilado es que su abogado no había podido disponer de toda la información sobre el expediente, por lo que la magistrada optó por suspender su declaración hasta que el letrado de Orts reciba y estudie todo lo relativo a su defendido.
La denuncia de los fondos ICO va aumentado su peso y ya son 500 los folios que componen esta nueva causa judicial. No fue precisamente esa la intención del Artiles Carreño al presentar la denuncia, esto es la judicialización de este presunto caso de corrupción urbanística, sino "el esclarecer una actuación municipal que contravenía los intereses generales de Telde, pero ha sido el grupo de gobierno el que ha causado que se haya llegado a esta situación".
El portavoz de Más por Telde ya había advertido en un pleno de hace tres años de una posible irregularidad en la aprobación del convenio, que ahora se está en el juzgado.
