Dos peritos de la acusación particular avalaron ayer, en la segunda y última sesión del juicio del psicólogo de Telde que presuntamente abusó sexualmente de tres de sus pacientes entre 1997 y 2003, la posibilidad de que el terapeuta, dadas las circunstancias y la situación de vulnerabilidad en que se encontraban y el perfil que presentan las perjudicadas -según el informe elaborado por las propias peritos-, efectivamente se aprovechara de esto para tener relaciones con ellas.
Según las psicólogas forenses Nieves González y Claudia Cabrera, los similares perfiles de personalidad de las pacientes, caracterizadas por ser personas con "falta de autoestima, poco agresivas, dóciles, con tendencia a la sumisión...", sumado al momento de fragilidad de las víctimas y la situación de desigualdad entre psicólogo y paciente, suponen unas condiciones en las que existe "muchísima facilidad" y un "riesgo real" de que la otra parte -en este caso, el procesado- lograse manipularlas de la forma en que presuntamente lo hizo. "Es difícil de entender para personas que no están acostumbradas, pero en realidad es algo muy habitual", aseguraron.
Además, justificaron también el hecho de que las damnificadas tardasen varios años en presentar la denuncia: "Este tipo de experiencias se suelen mantener ocultas porque contarlas cuesta mucho", apuntaron las expertas, que igualmente restaron importancia al nivel de estudios de las denunciantes y al hecho de que fuesen adultas, puesto que "es tanta la vulnerabilidad de la persona que acude a un psicólogo, que está expuesta".
Los especialistas de la defensa, Carlos López y Rubén Martín, llevaron a cabo un contrainforme del elaborado por González y Cabrera, al que restaron validez. En él, los peritos valoran que la metodología de evaluación empleada por ambas no es la apropiada, y añaden que las patologías que presentaban las tres pacientes no las consideran graves, y que en ninguno de los casos "aparece el estrés postraumático".
En la sesión de ayer también prestaron declaración los testigos de la defensa -pacientes o expacientes del acusado-, y el ministerio fiscal, la propia defensa y la acusación particular expusieron sus conclusiones. El fiscal elogió la valentía de las tres denunciantes e hizo especial hincapié en que el acusado no negara los hechos en una grabación que llevaron a cabo secretamente dos de las víctimas, el letrado de la acusación particular comentó que "nadie en su sano juicio se cree que estas tres mujeres denuncien estos hechos de los que se sienten avergonzadas solamente por motivo de venganza" y la abogada de la defensa se centró, entre otros aspectos, en la "inexistencia de pruebas de cargo".
Las tres partes elevaron a definitivas sus peticiones y el juicio quedó visto para sentencia. La fiscalía solicita 27 años de prisión para el acusado y 30.000 euros de indemnización para cada una de las presuntas víctimas, mientras que la acusación particular eleva la pena a 29 años y la indemnización a 50.000 euros.
