El plan de pago de sentencias judiciales por expropiaciones, presupuestado en 31,75 millones de euros, no se aprobará en este mandato ni tiene visos de tener luz verde incluso con la actual corporación de Telde en funciones. Aunque la ausencia de Herminia Demetrio, concejala del Partido Popular, por tener fracturada una pierna impidió que se declarara de urgencia la sesión plenaria, la última del curso, las voces discordantes de Coalición Canaria (CC) y Centro Canario Nacionalista (CCN), socios del Partido Popular (PP) en el tripartito que gobierna el municipio, auguran que tampoco saldrá adelante el expediente elaborado por el área de Hacienda municipal en un pleno que anunció para la próxima semana la alcaldesa, María del Carmen Castellano. Ambas formaciones, según fuentes consultadas, prefieren que lo asuma la nueva corporación local que salga de las urnas despúes del 24 de mayo.
Además, como víctima colateral, tampoco se pudo acordar ayer la firma de la adenda para la prórroga del convenio de colaboración entre el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia. No obstante, Sonsoles Martín, concejala responsable del área, aseguró que este retraso no impedirá la posterior firma del convenio ni repercutirá en los programas puestos en marcha.
Fue una sesión en la que tardaron más en sentarse los concejales que en acordarse su suspensión. Casi en un suspiro, tras la propuesta de aprobar la urgencia del pleno, la ausencia de la edil de Personal, Herminia Demetrio, con una pierna enyesada hacía que el grupo de gobierno no tuviera los 14 votos necesarios para disponer de la mayoría absoluta que permitiera aprobar el plan de pago por las sentencias judiciales, por lo que pese a ganar la votación por un 13 a 12 -faltaron Herminia Demetrio y Carmelo Reyes,- Castellano decidió suspender la sesión.
El plan, que según fuentes consultadas en CC y CCN no contaba con todos los informes pertinentes, sobre todo el que debía presentar el área de Urbanismo, prevé que se pague en siete años, a razón de cinco millones, a los afectados por las expropiaciones realizadas la mayoría en los mandatos de Francisco Santiago, sobre todo para hacer la circunvalación del municipio. Darío López, coordinador de Hacienda, había presentado este plan en un anterior pleno y apuntaba que supondría un gran avance en futuros convenios de expropiaciones con los propietarios al reducirse de 30 a siete años el pago de las indemnizaciones.
Sin embargo, desde la oposición se criticó en esa sesión el expediente al considerar que no clarificaba, entre otras cuestiones, el criterio de selección de los beneficiarios de este plan de pago y que supondrá una hipoteca para la gestión del nuevo grupo de gobierno. De hecho, en la comisión de Hacienda celebrada este martes, se cambiaron algunos de los criterios presentados en su día por López. Entre ellos, que en vez de pagarse seis millones al año en el próximo septenio se abonase solo cinco, aunque se respetaron los cuatro millones reservados para este año. A partir de 2016 será cinco los que se abonarán para liquidar las indeminizaciones de los 35 afectados por las expropiaciones realizadas en el municipio.
Falta de mayoría absoluta
Desde el PP se intentó localizar a Demetrio antes de la sesión para saber su paradero, pero ni atendió los wasap enviados ni las llamadas de teléfono realizadas por sus compañeros. Incluso algunos miembros del PP expresaron su preocupación por situación de la concejala de Personal dado su silencio durante la jornada de ayer.
La alcaldesa, que justificó la suspensión del pleno porque al carecer de la mayoría de la absoluta no se podría aprobar el expediente con el quórum exigido por la ley, anunció que la próxima semana, ya con la corporación municipal en funciones, se volvería a llevar a la aprobación "ya con todo perfectamente detallado para que en el juzgado tengan el expediente con total transparencia". No eran de la misma opinión sus socios de pacto que, según las mismas fuentes, señalaron que había supuesto un alivio la decisión de Castellano de suspender el pleno. "Nos habríamos visto en la tesitura de no apoyar al PP en este punto, lo que hubiera llevado a perder la votación. Pero no podemos aprobar un plan de pago de esa cuantía si falta un informe y creemos que sería mejor que la próxima corporación municipal debata este tema".
Además, no está nada claro que den su visto bueno en otro pleno aunque se incorpore el informe pendiente, y todo parece indicar que el PP, sin el apoyo de sus dos socios, tendrá que dejar el futuro del pago de las expropiaciones en el gobierno que salga de las urnas y las negociaciones posteriores. El 13 de junio, día de la constitución de los nuevos ayuntamientos, la mayoría que gobierne se econtrará con este asunto en su agenda.
Desde Nueva Canarias, Celeste López, consideró que "lo ocurrido en este pleno es la evidencia de que los coletazos del caso Faycán continúan en el Ayuntamiento, porque es muy sospechoso que quieran llevar a última hora y casi en la jornada de reflexión un asunto en el que no han hecho nada en los últimos cuatro años". La edila nacionalista recordó que "este grupo de gobierno conocía este expediente desde 2011 y lo llevan a pleno sin los informes necesarios, sin un inventario ni aclaraciones sobre la distintas cantidades que manejan para las expropiaciones".
El socialista Alejandro Ramos declaró, por su parte, que "lo sucedido en este pleno es un fiel ejemplo del desgobierno al que ha estado sometido Telde en estos últimos cuatro años, otra mala pata para los ciudadanos de este municipio, que merece otro gobierno".
Juan Francisco Carreño, de Más por Telde, también era de la misma opinión y calificó de despropósito que "se lleve a pleno un asunto tan importante como el plan de pago de las expropiaciones sin tener completado el expediente por la falta de un informe y sabiendo que no tendría mayoría para aprobar ese punto por la ausencia de una de las concejalas de gobierno".
