El grupo de gobierno pretende acabar con uno de sus más importantes quebraderos de cabeza: la sumas millonarias que debe por sentencias condenatorias y que abocan al Ayuntamiento a un difícil equilibrio en sus arcas municipales. De hecho, solo en sentencias firmes por expropiaciones, el desembolso supera los 30 millones.
En una comparecencia posterior a la celebración de la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, anunció que el gabinete que preside está avanzando la convocatoria pública para la contratación de un director general de Servicios Jurídicos, "una plaza que debemos cubrir según se establece en la Ley de Grandes Ciudades". La regidora destacó que "es probable que se nos critique por este nombramiento, pero confiamos en que la labor que realice la persona elegida le suponga al Ayuntamiento una importante reducción en el número de sentencias condenatorias y, por tanto, de ahorro a las arcas".
Además, Hernández enfatizó en que se ha recuperado a una abogada para que se dedique de "manera exclusiva a atender los requerimientos que nos envían los juzgados para responderles a la mayor brevedad posible porque este gobierno quiere mostrar su predisposición a colaborar con la Justicia". Una colaboración que también se pedirá a los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria en temas que Telde no pueda abarcar o a despachos especializados en temas donde no haya técnicos.
