Los propietarios de las futuras viviendas que se construyan en el área de influencia del aeropuerto de Gran Canaria -prácticamente toda la costa de Telde y los barrios junto a la autopista GC-1- tendrán que pagar las obras de insonorización de sus hogares porque la Dirección General de Aviación Civil se niega a hacerlo. También afectaría a los colegios o instalaciones sanitarias que se ubiquen en esos núcleos residenciales, además de a asentamientos rurales o viviendas por legalizar. O lo que es lo mismo, según fuentes consultadas, "pretende blindarse para no pagar nada".
Ésta es una de las premisas que el organismo estatal baraja en el informe desfavorable sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de Telde que ha remitido, casi en el tiempo límite permitido. Además, exige al Ayuntamiento que acredite que "la propuesta de planeamiento no aumenta el número de personas afectadas respecto al planeamiento vigente". Es decir, Aviación Civil pide garantías de que no se le colará ningún asentamiento en el nuevo planeamiento y propone, además, que sea el secretario de la corporación municipal quien firme la acreditación o el documento oficial, no el concejal del departamento.
En esa certificación o documento oficial, el funcionario del Ayuntamiento deberá acreditar que "dichos suelos ya estaban clasificados como suelo urbano en el vigente planeamiento urbanístico municipal de Telde", que dichos usos ya estaban recogidos en el PGO ahora en vigor y que la adaptación del planeamiento municipal a las directrices de Turismo o al Plan Insular de Ordenación "no aumenta el número de personas afectadas para dichos usos respecto al vigente planeamiento urbanístico municipal de Telde".
El Aeropuerto no pagará
El organismo dependiente del ministerio de Fomento pretende abarcar el máximo de territorio posible para no pagar las futuras obras de insonorización, ya que en sus peros al Plan General incluye tanto el suelo urbano como el rústico, lo que prácticamente supondría, según fuentes municipales, que no desembolsaría ninguna suma en las nuevas urbanizaciones y en los asentamientos rurales.
En su informe, Aviación Civil solicita que se modifique el artículo 174 del PGO, en el que exime al titular del Aeropuerto de pagar esas indemnizaciones, pero no al ministerio de Fomento. Con este cambio reclamado, la redacción del artículo supondría que ni el gestor aeroportuario ni el ministerio correrían a cargo de las obras de insonorización de las futuras urbanizaciones que se construyan.
Un matiz importante porque ninguno de los responsables de aeródromo grancanario estaría obligados a desembolsar las cantidades reclamadas por los ruidos producidos por la actividad aeroportuaria en la huella sonora a los residentes en las nuevas viviendas o a los servicios básicos de la zona que se construyan en los que el nuevo PGO prevé esos usos.
El tren de Gran Canaria
La Dirección General de Aviación Civil sí considera, en cambio, que el desarrollo del futuro tren de Gran Canaria sí cumple con lo solicitado por Aeropuerto y Navegación Aérea (AENA), pero también añade una objeción para que no interfiera en el sistema de Gando.
El organismo dependiente del ministerio de Fomento considera que el PTE-21 -plan que contempla el sistema ferroviario en Gran Canaria- es compatible con las previsiones del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, "siempre que en la normativa del PTE-21 se incorpore la necesidad de establecer un convenio con AENA y que el desarrollo del mismo, dentro del Sistema General Aeroportuario (SGA) sea subterráneo.
