Sesenta euros de sanción y con toda probabilidad la subida del IBI el próximo año. Con este panorama se están encontrando numerosos vecinos de Telde -fuentes municipales no pudieron concretar ayer a cuántos afecta la medida emprendida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, que se han llevado la sorpresa de que deben pagar esa sanción después de recibir la notificación por parte de la Gerencia Regional del Catastro de Canarias y esperar el recibo del próximo año para ver cómo repercute en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Una suma que bajo el argumento de la actualización de la realidad catastral firmada en un convenio de colaboración entre ayuntamientos, Cabildo y la Dirección General del Catastro deben abonar los sancionados, en la mayoría de los casos, según especifica en su notificación el Estado "por haberse producido circunstancias determinantes de una alta o modificación, no declaradas de forma completa y correcta en el plazo establecido"..
O lo que es lo mismo, por cerrar un patio o un balcón, poner una puerta o levantar un muro sin pedir licencia hay que pasar por caja. Pero, además, según señala el concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Telde, Juan Francisco Artiles, "esta revisión catastral, que se firmó entre el Cabildo, el Ayuntamiento y el Ministerio en 2014, con el anterior grupo de gobierno, supondrá también un incremento del valor catastral al aumentar la superficie construida detectada por el Catastro"..
Es decir, muchos de los ciudadanos de Telde afectados por esta actualización en los cambios producidos en sus inmuebles, verán aumentada la cantidad de su recibo de la contribución en el próximo 2016.
Hacienda, en su notificación, bajo el epígrafe de propuesta de resolución con acuerdo de alteración, informa al ciudadano de que tiene 15 días para presentar alegaciones y aportar pruebas contra la sanción impuesta. Si esta sanción se convierte en definitiva, el afectado tendrá un mes de plazo para recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional.
"Hemos recibido consultas de ciudadanos sobre este asunto porque les ha cogido por sorpresa esta multa, pero les hemos comentado que es una decisión política del ministro Montoro y que Valora, a la que culpan del incremento no tiene culpa, ya que solo es el organismo que pone al cobro esas sanciones por el acuerdo adoptado entre las tres instituciones en 2014", apunta Artiles.
Telde no es el único municipio que se ve afectado por esta medid ministerial, ya que otras 12 localidades de Gran Canaria, precisamente las que tienen a Valora como empresa de recaudación -es una entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria- también se encontrarán con la misma situación. Así, Santa Brígida, Vega de San Mateo, Santa María de Guía, Gáldar, Teror, Agaete, Firgas, La Aldea, Artenara, Tejeda, Valsequillo y Moya recibirán notificaciones sobre sanciones por lo contemplado en la normativa.
La norma afecta en Gran Canaria a 138.648 inmuebles urbanos y la recaudación total, de conseguir el cobro de todas las sanciones, ascendería a 8,3 millones.
