Los vecinos de la playa de Ojos de Garza han solicitado al Parlamento Europeo su ayuda para salvar a su barrio de las piquetas que amenazan con demoler 42 viviendas que según el deslinde marítimo terrestre practicado en 1983 se encuentran ilegalmente en zona de dominio público. La mitad tiene ya sentencia firme de demolición y el resto cuenta con expedientes abiertos, pero en opinión de Juan Pedro Pérez Medina, presidente de la asociación vecinal Playgarza y firmante del escrito, la realidad es mucho más grave, ya que "el campo de actuación afecta al 98% de la playa, donde hay un total de 144 casas". Y eso que AENA ha excluido al barrio como zona de influencia del aeropuerto de Gran Canaria.
En el escrito remitido al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados porque no se les comunicó nada hasta 2009 pese a conocer sus nombres por la base de datos y se solicita, además, que se anule la Ley de Costas y el reglamento que la desarrolla. "Me imagino que en Bruselas estarán muy extrañados de que una pequeña asociación vecinal de una pequeña playa de Canarias recurra a sus instituciones para reclamar su ayuda", asegura Pérez Medina. Pero es contundente: "Nos hemos venido oponiendo a la entrada en vigor de la Ley de Costas y a su reglamento, pero solo hemos obtenido el silencio institucional en todas nuestras actuaciones y ya estamos cansados de esta lucha, que iniciamos hace más de 30 años y que es hora de solucionar".
Además, pese a que el Ministerio de Medio Ambiente está dispuesto a buscar una solución urbanística dentro de la legalidad según consta en un escrito de 2011, "que nos permitan situarnos en el entorno de la playa de Ojos de Garza, no se terminan los obstáculos que nos permitan zanjar nuestra situación angustiosa". Sin embargo, el avance del Plan General de Ordenación Urbana de Telde no contempla esa franja, que sí existía anteriormente, y se olvida de un acuerdo plenario del 28 de julio de 2012 "donde se aprueba por unanimidad el convenio urbanístico con Playgarza", que concede un carácter finalista -la reubicación de los vecinos afectados en la zona- a la parcela desaparecida del mapa.
En su escrito al Parlamento Europeo, en el que adjunta una vasta documentación que llegó a pesar un kilo en el paquete facturado en Correos, Pérez Medina hace un recorrido sobre la historia del poblamiento en este barrio. En su argumentación, defendida con varios documentos, el presidente de Playgarza indica que en el deslinde practicado en 1964 "quedan reflejados con nombres y apellidos los 34 titulares de casas y casetas existentes en aquel momento procesal" y que se contó con los vecinos para la práctica del deslinde. Además, expone que desde 1979 el Ayuntamiento cobra la tasa por la recogida de basura domiciliaria y en los años siguientes se nominan varias calles y se da de alta en el IBI y se produce la revisión catastral.
Playgarza, que recibió el domingo la visita de los candidatos socialistas Sebastián Franquis y Guacimara Medina, descarta un convenio similar al del pueblo porque "no son situaciones iguales".
