El Ayuntamiento de Telde se acogerá a la mediación judicial para evitar -en el peor de los casos- el pago de más de 47 millones de euros por los dos procedimientos judiciales y una reclamación de responsabilidad patrimonial vía administrativa relacionados con el parque comercial de La Mareta y que cursa el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas. Esa sala ha sido elegida para el programa piloto que el Consejo General del Poder Judicial quiere impulsar para aplicar la mediación judicial en la resolución de los conflictos.
En una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa, Carmen Hernández, expuso a sus miembros la conveniencia de acogerse -hoy es el último día del plazo fijado- a dicho programa piloto, un punto de urgencia que fue aprobado por unanimidad. Juan Francisco Artiles, concejal de Urbanismo y denunciante cuando estaba en la oposición de una de las ramificaciones del caso La Mareta se ausentó al argumentar que su voto podría suponer que se declarasen nulas las actuaciones de la corporación para acabar con este enmarañado litigio, iniciado en 2003 cuando era edil de Urbanismo Guillermo Reyes.
Un contencioso que tiene abiertos dos procedimientos judiciales, por los que Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL, empresa cuyo administrador es Julián Gómez del Castillo, reclama al Ayuntamiento 40 millones por responsabilidad patrimonial y también la entrega de la parcela reunificacada que por sentencia de 2014 debe devolver el Consistorio. Además, Gómez del Castillo exige por vía administrativa una responsabilidad patrimonial al Consistorio de siete millones de euros.
La alcaldesa destacó las ventajas de la mediación judicial para resolver los conflictos. Así, Hernández afirmó que con esta herramienta se contempla que se pueda incluir para su aprobación parte o todo el conflicto entre demandado y denunciante y que al ser de carácter voluntario, se puede dar por terminada la mediación si no se está de acuerdo. Además, sin coste alguno para la Administración, aunque no "es un cheque en blanco" para negociar.
Entre los pasos que dará la Junta de Gobierno Local después de la aprobación por unanimidad de la propuesta de la presidenta de la corporación municipal se encuentra retirar la venia -cambiar de abogado- al letrado que hasta ahora lleva este procedimiento. La razón argumentada por Carmen Hernández es que ante la complejidad y ramificaciones del caso La Mareta, se considera que están mejor informados los servicios jurídicos municipales, aunque también adelantó que se pedirá la colaboración de los abogados del Cabildo.
Asimismo, la regidora teldense enfatizó que pese a no ser obligatorio llevar a la aprobación del grupo de gobierno el acogerse al programa piloto de mediación judicial, "considero que esta decisión debe ser conocida y aprobada por los miembros del gobierno, y cuando se llegue o no a un acuerdo en la mediación, volveré a traer a su consideración el resultado de las negociaciones para que se vote".
