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El pago de 1,5 millones a un bufete de Tenerife se añade al 'caso La Mareta'

El representante de Proyectos Las Arenas da como cesión de garantía de crédito los 13,2 millones pagados por Telde con los ICO

La causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde sobre los presuntos pagos irregulares con cargo a los créditos ICO destapa otra sorpresa en la investigación sobre las denuncias presentadas sobre La Mareta.

De hecho, esta causa se ha acumulado a la inicialmente abierta por la magistrada Virginia Peña en el caso La Mareta, instruido por las denuncias de Julián Gómez del Castillo, administrador de la empresa Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL, y donde se investiga la supuesta comisión de delitos muy graves, desobediencia grave a la autoridad judicial, falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación.

En el casi medio millar de documentos que se acaban de incorporar al sumario aparece un documento bancario, cesión de crédito en garantía, que el representante de Proyectos Inmobiliarios Las Arenas, Ambrosio Jiménez, realiza a Banca Cívica. En el mismo se cede el derecho de cobro de los 13.248.874,29 euros que el gobierno local anterior, PP, CC, Ciuca, abonó a la mencionada empresa con cargo al crédito ICO.

Lo más llamativo del documento, que la magistrada requirió a la entidad financiera, está en el punto 4, donde ordena que: "de la cantidad abonada habrá que deducir el importe de 1,5 millones de euros cuyo destino será el pago de minutas al despacho de abogados Miguel Pérez Camacho Abogados y Asesores Tributarios, S. L." del cual forma parte el que fuera, en aquel momento, diputado regional del Partido Popular, Miguel Cabrera Pérez Camacho.

La denuncia fue presentada por el concejal Juan Francisco Artiles, de Más por Telde en aquel momento en la oposición, sobre el presunto uso irregular de los créditos ICO solicitados por la corporación local para pagar a proveedores, entre ellos a Jiménez.

Artiles, ahora edil de Urbanismo, expuso que se había abonado 13,2 millones al empresario sin cobertura legal para ello, como así lo recoge el informe del Tribunal de Cuentas de 2013. La denuncia supuso la imputación de funcionarios y políticos del mandato anterior, al que se ha sumado otro nuevo imputado, el séptimo, Darío López, excoordinador de Economía y Hacienda, que será citado, como así se recoge en el sumario, para prestar declaración como "investigado".

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