El grupo de gobierno de Telde refuerza el área social para mitigar en lo posible la angustia que se cierne sobre las familias sin recursos económicos. En el caso del municipio, si se extrapolan los datos del ISTAC de Canarias supondría que existen 8. 927 hogares en situación de pobreza o exclusión, según destacó ayer la alcaldesa, Carmen Hernández, durante la dación de cuentas de Servicios Sociales en sus siete meses de gestión, junto a la concejala del área, Natalia Santana. La extrapolación de esa estadística pondría a Telde con unos 32.000 vecinos en situación de riesgo social.
La estadística, demoledora y expuesta sin ambages, más que echar atrás a la corporación local, ha supuesto que ésta incremente los esfuerzos para sacar de la pobreza y la exclusión a los ciudadanos con menos recursos. Así, Hernández y Santana anunciaron que se creará una unidad técnica administrativa (UTA) para que las trabajadoras sociales puedan volver al trabajo de campo, de recuperar el trato más personal con los más afectados por la crisis. Esto será posible probablemente a finales de este mes, cuando Recursos Humanos finalice todos los trámites.
Además, el grupo de gobierno considera que es hora de cambiar la mentalidad sobre la prestación social y para ello busca fórmulas que permitan hacer más eficiente la concesión de las prestaciones sociales, sobre todo para ampliar el actual método de uso, que se ha quedado obsoleto, según se expuso en la comparecencia pública.
Aunque no todo es un panorama oscuro y desesperado. En su dación de resultados, las dos políticas señalaron que en cuatro meses, desde septiembre a diciembre de 2015, se han dado más ayudas, casi el triple, a las familias más necesitadas del municipio que en los años 2012 y 2013, donde la concesión de esos subsidios tuvieron un parón drástico en el mandato anterior, "justo cuando más lo necesitaban los ciudadanos y que ha demostrado que el anterior gobierno abandonaba". Se ha pasado, según expusieron, de algo más de 600 ayudas a las más de 1.800 en este pasado cuatrimesre. Otro dato para el optimismo es la reducción de las listas de espera para que la ciudadanía sea atendida en la Unidad de Trabajo Social (UTS) de Jinámar, que ha pasado de casi tres meses a tres semanas, un dato esgrimido por las dos responsables municipales para evidenciar el cambio de tendencia.
Los retos son muchos y arduos, en opinión de la alcaldesa y la concejala, pero la senda que quieren emprender la tienen bastante clara. Así, el trabajo con las onegés y colectivos sociales se torna cada vez más necesario y a ellos se les reserva un colegio sin uso para que tengan su sede en el municipio y coordinen su labor o la creación de un voluntariado de mayores por la concejalía del área o cambiar la función del centro de mayores.
