Una familia del barrio de Arauz, en el centro urbano de Telde, reclama a Valora Gestión Tributaria, la empresa de recaudación contratada por el Ayuntamiento, la devolución de unos 10.000 euros por lo que considera el cobro indebido de cuatro ejercicios del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
La familia González Suárez presentó la pasada semana en el Registro General de la corporación local un escrito contra el pago no solo de la cantidad exigida, sino contra la valoración catastral en la que se sustenta. En concreto, estos ciudadanos, que esgrimen una sentencia en firme del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2014 que crea jurisprudencia en un caso similar al suyo en la provincia de Badajoz, aseguran que los valores catastrales correspondientes a las parcelas de la urbanización Arauz, cuya delimitación coincide con la del suelo urbanizable programado sector II de Arauz del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, "cuya aprobación definitiva se produjo el 1 de junio de 1986 nunca han sido notificados a los propietarios". Además, argumentan que la calificación que debe tener el suelo cobrado es de rústico, no de suelo urbanizable programado porque no se ha terminado la urbanización Arauz, iniciada por la empresa Santana Cazorla en 1997, pero que lleva paralizada casi 20 años.
Los González Suárez alegan que en la sentencia del Tribunal Supremo se "estima de forma clara y meridiana que a efectos catastrales la clasificación del suelo urbanizable programado en tanto no concluya el proceso urbanizador ha de ser la de suelo rústico, con los consiguientes efectos en la determinación del Impuesto de Bienes Inmuebles". Ante ello, y sin descartar la presentación de una denuncia por daños y perjuicios al promotor y al Ayuntamiento de Telde, en el escrito se solicita que se dicte la nulidad de los recibos emitidos por ser nulos los valores catastrales "al no haber sido notificados con anterioridad a los interesados para su contradicción o recurso, por no tener en cuenta el grado de urbanización de las parcelas y por no ser acordes con la clasificación correspondiente -suelo rural- a la vigente Ley del Suelo".
Asimismo, reclaman que se revise el valor catastral de la parcela, se proceda a la devolución de lo cobrado, que estiman en 10.000 euros y que se emitan nuevos recibos con los valores catastrales revisados.
