La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la propuesta de toma en cuenta y ejecución de sentencia de siete expedientes de expropiaciones presentada por el concejal de Urbanismo, Juan Francisco Artiles, y que supondrá un desembolso de 16.761.956,88 euros del Ayuntamiento de Telde para pagar a los ciudadanos y empresas afectados por expropiaciones realizadas entre 1994 y 2004.
El departamento dirigido por Artiles, después de revisar los expedientes de las expropiaciones a las que tiene que hacer frente la corporación municipal, ha comprobado que hay duplicidades y ha puesto en limpio una remesa de sentencias firmesque supone una rebaja en el pago al erario público.
Esos pagos corresponden a expedientes de expropiaciones realizadas, entre otras, para el proyecto del paseo marítimo de Melenara; la construcción, nunca realizada, de una plaza en Picachos, una de las sentencias más cuantiosas, con 3,9 millones de euros; la ejecución de las pistas de atletismo de El Hornillo o la expropiación de un inmueble en Las Herradura, la más cuantiosa, con nueve millones.
En esta ocasión son siete fallos condenatorios -aunque en un informe del anterior interventor, Enrique Orts se contabilizan más de 30- y su toma en consideración por la Junta de Gobierno Local y la orden para la ejecución de estas sentencias son pasos clave para su posterior pago a los afectados, que han visto que seis de esos dictámenes favorables y firmes son del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y uno del Juzgado 6 de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
La alcaldesa destacó ayer que la decisión adoptada por la Junta de Gobierno Local que "el Ayuntamiento ha dado un salto cualitativo muy importante con respecto a afrontar uno de los grandes escollos por resolver por esta ciudad, que es pagar lo que se adeduda por expropiaciones".
Este salto cualitativo, en opinión de la regidora teldense, "nos acerca cada día más a ese objetivo que tenemos inminente de presentarles a los juzgados un plan de pago razonada y razonable, que permita cumplir con ese mandato judicial y a la vez garantizar servicios esenciales". Lo aprobado ayer por la Junta de Gobierno, aseguró, "es un acto administrativo indispensable para poder seguir caminando en el objetivo que finalmente estos demandantes puedan, más pronto que tarde, cobrar".
