En 1986, hace 30 años, Arauz estaba de enhorabuena porque iba a acoger a una de las urbanizaciones estrella del centro urbano de Telde, con todas las condiciones para convertirse en un lugar donde muchos querrían residir. Pero en 2016 la realidad es otra bien distinta y una visita por esta zona es observar un lugar inhóspito, con solo dos edificios construidos de todos los previstos, un alejado cagadero para perros, con farolas sin cables que conectar o huecos en las también desoladas calles donde tendría que haber alcantarillas.
Y , además, con un efecto ya conocido por los teldenses: el riesgo de una reclamación patrimonial al Ayuntamiento por los perjuicios que la actuación municipal ha ocasionado a los propietarios de los terrenos. Una cantidad que puede ser millonaria y que daría la puntilla a las ya maltrechas arcas del Ayuntamiento de Telde. Eso sin contar, además, que a los propietarios se les cobra un impuesto de bienes inmuebles muy elevado cuando no hay nada finalizado y que los ha puesto en pie de guerra.
Una situación que los afectados por este ambicioso proyecto urbanístico esperan que no les siga "amargando la vida", como han comentado algunos de ellos y que se le encuentre una solución de una vez por todas. En este largo camino algunos ya han fallecido y otros buscan una salida que les permitan acabar con un sueño ya lejano convertido en pesadilla. Así, el próximo 16 de marzo tienen fecha para abordar el futuro de esta urbanización nonata en una reunión solicitada al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, Juan Francisco Artiles.
De momento, no parece que haya una solución a corto o medio plazo, ya que la situación financiera del Ayuntamiento, apabullado por las deudas, no dan precisamente esperanzas a priori para solventar este problema pronto. Y es que la administración local es pieza clave en el desatasco anhelado por los afectados porque es la responsable y promotora de los proyectos de reparcelación, urbanización, adjudicación de las obras y su control e inspección. Cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Telde en 1986 se contemplaba el suelo urbanizable programado (SUP) sector II de Arauz, que establecía una gestión bajo el sistema de cooperación, no de junta de compensación. Ese sistema de cooperación supone que los propietarios debían pagar los gastos correspondientes al desarrollo de la urbanización. Y eso hicieron, pero aún siguen cargando con gastos sin disfrutar de nada.
Nueve años después, en 1995, se aprobó de manera definitiva el proyecto de reparcelación de Arauz y a finales de marzo de 1999 se intentó inscribir en el Registro de la Propiedad, pero los numerosos errores retrasaron este trámite a septiembre de 2006, nada menos que seis años y medio después de ese fallido primer intento.
Mientras, el proyecto avanzaba en los planos y se adjudicaron las obras a la empresa Santana Cazorla el 10 de mayo de 1999. El presupuesto ascendía a 2.445.418,67 euros y un plazo de ejecución de siete meses. Pero dos años más tarde se reforma el proyecto y el importe se eleva a 3.049.184,46 euros.
En el ínterin, los propietarios ya habían abonado todos los gastos de urbanización, costes de proyectos, honorarios, entre otros, pero en julio de 2003 se paralizan las obras, lo que ha llevado a diversos litigios entre la corporación y la empresa adjudicataria de las obras que han dejado como resultado, según un miembro de una de las familias afectadas, "un deterioro progresivo de las obras ya ejecutadas como es notorio y evidente".
Pago de un IBI desmesurado
En esta sucesión de acontecimientos desagradables se ha sumado en los últimos años el cobro -abusivo e irregular, según una sentencia del Tribunal Supremo en un caso similar en la Península- del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que ha ya terminado por colmar la paciencia de los afectados.
"No solo vemos cómo pasan los años sin las obras de la urbanización acabada, sino que encima nos establecen unos valores catastrales elevadísimos como si las parcelas estuviesen completamente urbanizadas y dispusieran de todos los servicios. Por eso, hemos solicitado que se nos devuelva esas cantidades de más cobradas".
Con la ley en la mano, según señalaron fuentes consultadas, la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 "establece meridianamente que a todos los efectos los suelos urbanizables [como el de Arauz] a efectos de valoración tienen la consideración de suelos rústicos mientras no finalicen las obras de urbanización y sus servicios no estén en condiciones de conectarse a las correspondientes redes circundantes". O sea, justo lo que ocurre en Arauz, por lo que debe revisarse esos valores catastrales y devolver el dinero cobrado.
