La falta de respuesta de las administraciones ante la solicitud de viviendas sociales ha provocado que 1.430 teldenses hayan declinado seguir presentado sus peticiones. Aunque se contabilizan 7.060 viviendas vacías en el municipio y más de 2.500 demandantes, la realidad es que el problema no termina por resolverse en el tiempo. El demandante medio es una muje, de entre 26 a 45 años, soltera, con hijos a su cargo, sin trabajo o con una escaso sueldo.

Ésta es una de las conclusiones extraídas de la segunda convocatoria de la Mesa de Prevención de Desahucios que se reunió ayer por la tarde en la ermita de San Pedro Mártir, con la presencia de autoridades locales, insulares y regionales. En este encuentro, las administraciones implicadas acordaron crear una mesa técnica que vaya estudiando lo que se debata en este foro, impulsado desde el Ayuntamiento de Telde para dar respuesta a las miles de personas que esperan por una vivienda social.

Desde el grupo de gobierno se anuncian medidas para paliar este lastre, entre ellas reorientar las encomiendas de la empresa pública municipal Fomentas, que tendrá como misiones renovar las viviendas degradadas, información y asesoramiento para evitar desahucios y el aquiler social. A todo se suma la decisión de cambiar la actual ordenanza para incluir subvenciones para el alquiler de viv iendas, la vigilancia policial sobre las viviendas públicas vacías sin comunicar o el impulso a la rehabilitación de 480 viviendas sociales del Valle de Jinámar. La tercera convocatoria se celebrará antes del verano, según el acuerdo.