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Hernández: "A algunos empresarios les convenía denunciar al Ayuntamiento"

La alcaldesa alaba el trabajo del personal de Contratación y alega que antes se aprovechaban porque la corporación no se defendía

El Ayuntamiento de Telde tendrá que pagar una cantidad cercana a los 190.000 euros por la ejecución de sentencias perdidas y cuya cantidad se incrementará más porque todavía no se pueden calcular ni los intereses ni las costas a las que tiene que hacer frente.

La Junta de Gobierno Local tomó en consideración ayer de 10 expedientes, la mayoría de ellos fallos condenatorios, pero a pesar de saber que vuelve a desembolsar más fondos de las arcas públicas, mostró su confianza en que esta sangría económica pare a partir de ahora gracias al trabajo realizado por el personal de Contratación. Carmen Hernández señaló al término de la Junta de Gobierno Local que aunque habrá que enfrentarse a nuevos pagos, la labor realizada por los funcionarios de Urbanismo y Contratación está sacando de los cajones asuntos que ni se sabe el tiempo que llevan sin abordarse. Esta situación, según la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López, ha motivado "que los tribunales nos hayan colgado el sambenito de que no hacemos nada y eso también nos ha hecho perder credibilidad ante otras instituciones. De haberse actuado en su momento en los juzgados, no estaríamos pagando las costas y no nos acusarían de inacción".

Y esta inacción ha supuesto, según la alcaldesa, por contra, dos efectos negativos, "que nos ha puesto al borde del desacato y que se hayan aprovechado de esto".

La regidora enfatizó en que en la última década "para algunos empresarios les es más rentable las reclamaciones e indemnizaciones de todo tipo que el propio asunto al que se dirigía su negocio. Han cambiado el objetivo de su negocio, visto que el Ayuntamiento no se defiende, que estaba en inacción han visto más rentable presentar una reclamación". En opinión de Carmen Hernández, en la corporación municipal ha prevalecido en la gestión de la deuda lo de "la pelota para delante, que pague el que viene". La alcaldesa anunció que hay un futuro de rigor económico en los próximos años, "de ahí que hayamos fijado lo que consideramos servicios esenciales para mantener la calidad de vida de los ciudadanos para presentarlo ante los juzgados y sepan que queremos pagar, pero también que conozcan cuánto podemos pagar".

Otro asunto relacionado con los juzgados fue la mediación fallida con Julián Gómez del Castillo, empresario que mantiene un litigio por dos parcelas de La Mareta y que solicita una cantidad que el informe elaborado por los abogados del Ayuntamiento considera que no tiene derecho. Será la juez quien decida y se acatará el fallo.

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