Algo más de 30 millones de euros y un plazo de abono de ocho años "para dar solución a un problema histórico de este ayuntamiento, la ejecución de las sentencias firmes por expropiaciones", según explicó ayer la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, en la presentación del plan de pago que se realizará a los afectados. No supondrá subir los impuestos a los teldenses ni un recorte de los servicios esenciales, "para buscar un equilibrio y que los tribunales vean que no nos estamos burlando de ellos y que queremos pagar nuestras deudas", enfatizó la regidora teldense.
Un plan de amortización que llevará el viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para su aprobación. Si la decisión judicial es afirmativa, el siguiente paso será presentarlo en el pleno de final de mes para intentar un consenso en su aprobación, "ya que se extenderá durante dos mandatos y es necesario que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo con él para que los expropiados no esperen más tiempo", alegó Hernández en su intervención. Cuenta con informes favorables de los departamentos municipales de Intervención y Tesorería.
De 30 a ocho años para pagar
Más que la cantidad -30.128.268 euros-, la alcaldesa destacó que el grupo de gobierno ha acortado sensiblemente el periodo de cobro por los expropiados, que pasa "de los 30 años y 60 millones que se fijaban en el proyecto del anterior mandato y que fue rechazado a los ocho años de éste". Son un total de 21 expedientes, con 18 expropiaciones y tres liquidaciones de intereses, ya que se había pagado a los afectados el capital.
Además, Hernández, que estuvo acompañada por la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López; el vicealcalde, Alejandro Ramos, y el edil de Seguridad y Festejos, Juan Martel, quiso resaltar dos efectos positivos más del nuevo plan de pago. "Los expropiados a lo que haya que pagar una cantidad inferior a 100.000 euros los cobrarán en el primer año de este plan de amortización de 2016 a 2023 [tres en total]". La otra novedad es que se atenderá a dos criterios para satisfacer las demandas de los afectados: el de antigüedad, que tal como reconoció la presidenta de la corporación, hay personas que llevan 30 años esperando a cobrar o ya son sus herederos quienes están a hora en cola, y el de proporcionalidad. Ambos, al 50%. El de proporcionalidad, según se recoge en el expediente, tiene pros y contras. A favor, que todos los acreedores recibirán una parte de la deuda reclamada, y en contra, que se tendría que valorar que todos cobraran en el mismo plazo, sin distinguir a quienes llevan más tiempo esperando el cobro. Hay un tercer criterio, el de cuantía, donde habría que decidir si se pagan las de mayor o menor cuantía.
El Ayuntamiento reservará un montante de cuatro millones de euros al año para pagar estas sentencias firmes, una reserva económica que no afectará a la prestación de los servicios esenciales -el listado se aprobó en el pleno de 8 de abril- y obligatorios para que la ciudadanía y el empresariado no sufran recortes como en años anteriores. El dinero procederá de recursos propios, por lo que se anunció que no será un mandato de grandes obras ni actos emblemáticos ante la difícil situación financiera de la corporación.
El plan de pagos contempla, además de los cuatro millones anuales para expropiaciones, una partida de 1.107.655,35 euros para afrontar el pago de sentencias judiciales derivadas de expropiaciones de ejercicios anteriores.
