Recibos con cantidades superiores a las previstas es el último susto que se les ha metido en el cuerpo a cientos de ciudadanos -algunas fuentes hablan de miles- al remitirles a sus domicilios y cuentas bancarias el abono de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con carácter retroactivo. Valora, encargada de la recaudación de los tributos municipales, cobra la contribución desde 2012 a los vecinos cuyas propiedades han sufrido alteraciones de sus valores catastrales después de la inspección realizada por la Dirección General del Catastro en 2014.
De hecho, según la propuesta de resolución del organismo del Ministerio de Hacienda a los afectados en junio de 2015, es a partir del año pasado cuando debía ponerse al cobro, no antes de ese ejercicio. Esta circunstancia fue denunciada ayer por los ediles del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Telde, quienes consideran ilegal esta aplicación de la retroactividad en los recibos -un afectado incluso acude a los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución para agravar más la alegación- y reclaman a la alcaldesa, Carmen Hernández, que acabe "con este atropello a los ciudadanos" y anule el cobro de esos recibos, además de otras medidas.
Los populares, por su parte, adelantaron que asesorarán a la ciudadanía de lunes a viernes, de 9.00 a 11.00 horas, en la sede de la Secretaría Política, en el local 1 de los bajos del parque urbano de Arnao [por la entrada del cementerio] y en su sede en la calle Roque, martes y miércoles, de 17 a 19.00 horas.
Sonsoles Martín, concejala y presidenta local de los populares, resaltó que el PP "ha recibido multitud de llamadas de ciudadanos para decirnos que si esta medida se debe a nuestro mandato y le hemos dicho que no, que es una cuestión del Estado". Martín recordó que en 2014 Grafcan hizo fotografías en 13 municipios de Gran Canaria, entre ellos Telde, "y de esas imágenes aéreas se detectaron modificaciones en los inmuebles de la ciudad que utilizó la Dirección General del Catastro para enviar a los afectados -aunque a todos no les llegó y se publicó luego en el BOP-en junio de 2015 una propuesta de resolución de acuerdo sobre las alteraciones de los valores catastrales".
También fue informado el Ayuntamiento de Telde y Valora, expuso la concejala del PP, "determina que se emita una liquidación tributaria con carácter retroactivo donde se le exige el pago a los contribuyentes de la regularización catastral del año 2012, 2013, 2014 y 2015 de manera injusta ya que los acuerdos adaptados en dichos procedimientos iniciados de oficios surten efecto a partir del periodo impositivo siguiente en el que tiene lugar la alteración, sin efectos retroactivos, teniendo en cuenta además que la ortofoto está realizada en el 2014 y que el expediente tiene validez a partir del 2015. No habiendo hechos probatorios de fecha anterior, ¿quién determina cuando se produjo la alteración si la ortofoto es del 2014?"
Los populares, que mostraron recibos con los cobros retroactivos, advirtieron de que "la gravedad de la aceptación tácita de la alteración de los valores catastrales afecta también a las transmisiones patrimoniales, a las plusvalías y a la declaración de la renta, dando pie incluso a que de oficio la Agencia Tributaria pueda iniciar un expediente de revisión".
El PP propone que "la alcaldesa como máxima responsable del Ayuntamiento paralice y anule el cobro de los recibos del año 2012, 2013 y 2014 dado que Valora ha aplicado los valores catastrales del 2015 para generar una liquidación tributaria retroactiva sin hechos probatorios". También piden a Carmen Hernández a que inste a la Dirección General del Catastro a que abra un nuevo periodo para que los vecinos y vecinas puedan alegar y subsanar posibles errores y a Valora que permita el pago fraccionado de la liquidación de 2015 sin que les cobren intereses.
