El Cabildo de Gran Canaria no ha querido esperar ni un día y ayer presentó ante la Junta Electoral Provincial una denuncia contra la visita este martes de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, al Valle de Jinámar para ver el estado de las obras de las 480 viviendas sociales que sufraga el Estado, pero también el Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno regional.
Vulneración de la legalidad y engaño a la ciudadanía son los dos pivotes de la denuncia, donde se solicita que se abra un expediente sancionador a la ministra popular y se realice un requerimiento expreso para evitar que vuelva a producirse este tipo de acto.
En el escrito, firmado por el presidente cabildicio, Antonio Morales, se expone que la presencia de Pastor en Jinámar constituye "un grave quebranto de los principios establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General". La corporación insular considera "absolutamente meridiano" que lo pretendido por el Partido Popular y el Ministerio de Fomento "es influir, directa o indirectamente, en la orientación del voto de los electores, vulnerándose los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral", por lo que pide a la Junta Electoral Provincial que incoe expediente sancionador y emita el requerimiento expreso para que se abstengan de realizar actuaciones similares.
El Cabildo, que aporta en su denuncia las informaciones publicadas por los dos periódicos de Gran Canaria sobre la visita, considera que hay una doble vulneración por los populares, una de carácter legal, esto es, "utilizar recursos públicos en beneficio de una formación política", un actuación que incumple la legislación electoral. La otra es más de carácter ético: "Engañar y mentir descaradamente en la información que se ofrece a la propia ciudadanía, arrimando a sus espúreos intereses el esfuerzo económico de otras administraciones", ya que las obras se ejecutan por un acuerdo entre el Ministerio de Fomento (1,6 millones), el Cabildo de Gran Canaria (1,4 millones), el Ayuntamiento de Telde (1,4 millones) y el Gobierno canario, que aporta 400.000 euros.
