La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, anunció ayer al término de la Junta de Gobierno Local que se les ha solicitado a los jefes de servicio de los departamentos municipales que elaboren una relación nominal de todas las facturas impagadas a las empresas y proveedores que prestan servicios al Consistorio y que cuenten con sentencia firme condenatoria contra la corporación municipal. La reunión semanal del gabinete presidido por la nacionalista, sin ir más lejos, aprobó una dación de cuentas de varias de ellas, cuyo montante se acerca a los 400.000 euros.
La decisión, motivada ante el desconocimiento de cuánto puede suponer para las arcas locales estas deudas, abrirá un procedimiento similar al realizado con los afectados por las expropiaciones y a quienes los tribunales les ha dado la razón con fallos firmes. Hernández alegó que la primera tarea será realizar un listado, una relación nominal de los afectados por esos impagos del Ayuntamiento y posteriormente se elaborará un plan de pagos que se remitirá a los tribunales para ver si es aceptado por las empresas acreedoras y la administración de Justicia.
La presidenta de la corporación municipal indicó que con esta iniciativa se pretende llevar a los juzgados un plan de abono razonado de esas facturas que, al igual que ocurre con el de las expropiaciones, no deje al Ayuntamiento descapitalizado. El visto bueno a dos de esos pagos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto la senda que confía en continuar no solo con las expropiaciones, sino en un futuro cercano, con las deudas a las empresas que tienen contratados servicios con las institución teldense.
Carmen Hernández no quiso dar cifras sobre el número de estas sentencias firmes condenatorias por la morosidad con esas empresas, al alegar que prefiere tener los datos concretos para proceder con su equipo a buscar una solución buena para las partes. Como principio básico, que la hacienda local tenga capacidad económica para atender los servicios esenciales y el pago a la plantilla, como ha ocurrido con el plan de pagos por las expropiaciones forzosas.
Hacienda y el Plan de Ajuste
De hecho, uno de los argumentos empleados por el grupo de gobierno es que el Ayuntamiento está intervenido por el Ministerio de Hacienda, al que hay que remitirle cada tres meses un informe sobre las cuentas municipales. Gregorio Viera, concejal de Recursos Humanos, reconoció ayer en el programa El mostrador de Radio Faycán que ha llegado un escrito del Estado sobre el plan de ajuste, pero descartó hablar de él hasta que se estudie.
Así, como se recoge en el informe de la interventora del 29 de enero de 2016, el plan de ajuste aprobado por el pleno celebrado el 20 de junio de 2014 obliga al Ayuntamiento a reducir en un 5% en los costes de funcionamiento y una congelación este año y el próximo, según la orden ministerial.
