Un alumno que se ha ganado la nota de 'progresa adecuadamente' y que merece que se reconozca su esfuerzo por mejorar. Hay voluntad de pagar las deudas contraídas, se quiere generar empleo con la reducción del plazo de pago de los 172 días actuales a uno más cercano a los 30 que marca la legislación y ya se practica la reducción del gasto público desde principio del mandato para reorientar la situación financiera del Ayuntamiento.
Con esta argumentación se reunirá mañana con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, una delegación del Ayuntamiento de Telde que negociará una flexibilización del plan de ajuste que reclama el Gobierno de España -un recorte presupuestario de 5,7 millones de euros para los dos próximos ejercicios- y que desde la corporación municipal se contempla como un grave perjuicio para la ciudadanía.
La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, expuso ayer que la cita con Beteta y los técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "no será para hacernos la foto, no es una reunión política, sino técnica, de la que esperamos conseguir que el Estado nos acepte una flexibilización de los recortes en el presupuesto en los capítulos I y II [personal y servicios públicos]y no tengamos que aplicarlos a rajatabla".
En una comparecencia en la que estuvo acompañada por sus dos socios de gobierno -Alejandro Ramos, por el PSOE, y Juan Martel, por Ciudadanos de Centro Democrático (CCD) y la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López, la regidora desgranó el contenido del informe que mostrarán a Beteta, aunque ya el delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento lo ha recibido y del que Hernández espera que su presencia posibilite un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. De hecho, la presidenta de la corporación municipal apeló al sentido común y que "el Estado debe ser sensible a lo que le plantearemos en nuestro informe". Un argumento preparado por si desde el Gobierno de España no transinge y obliga a cumplir por lo estipulado en la ley el plan de ajuste firmado y aprobado en pleno en 2014 y cuyo incumplimiento por el anterior grupo de gobierno ha obligado, entre otros males, según Hernández, "a que tengamos que pedir autorización al Estado en la elaboración de los próximos cinco presupuestos".
La alcaldesa destacó que uno de los documentos que se presentará a Madrid será el del plan de pagos que se envió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre las sentencias por expropiaciones, "de las que ya ha nos ha dado la aprobación en tres de ellas". Hernández recordó que la Constitución, en su artículo 135.5 estima prioritario zanjar en primer lugar la deuda con los bancos -101 millones de euros-, pero resaltó el plan de pagos de las expropiaciones -30 millones de euros- y otros 21 millones que se deben a proveedores a presupuesto cerrado. A este trío acreedor se le debe sumar la cuenta 413, un apunte contable todavía por desentrañar su verdadero montante y que tiene como horizonte un techo de gasto de 50 millones de euros, lo permitido por el Gobierno central.
En el peor de los escenarios posibles dibujado por la alcaldesa, el de la exigencia estatal, Carmen Hernández esbozó un panorama de cierre de empresas públicas, de servicios que no son de competencia municipal -enfatizó que incluso habría que cerrar concejalías vacías de contenido-, de amortización de la plantilla que se jubile y la merma que tendrá para el servicio municipal o acogerse a subvenciones que vengan al 100%.
Sin embargo, hay noticias buenas, expuso la alcaldesa. El Estado permite al Ayuntamiento destinar el 50% del saldo positivo de 16 millones del ejercicio pasado a pagar facturas incluidas en la cuenta 413, que aliviará a los proveedores.
