El grupo de gobierno de Telde lucha contra el reloj para evitar la pérdida de una importante batería de subvenciones para el área de Desarrollo Local y que tienen hoy, según fuentes consultadas, el último día de plazo. El problema radica, según las mismas fuentes, en que el decreto para desbloquear el pago de la nómina de dos trabajadores eventuales de Desarrollo Local que no cobran desde hace meses y que fue firmado días atrás por la entonces alcaldesa accidental, Celeste López, cuenta con reparos de la un documento al que la interventora municipal, Paloma Goig.
Alejandro Ramos, alcalde accidental, es el encargado de solventar esta papa caliente y tiene dos caminos: rectificar el decreto suscrito por su predecesora o redactar uno nuevo, aunque parece que será la primera opción la que se elija. Un texto que salve los reparos de la interventora en lo relativo a la competencia impropia o su desacuerdo con la selección del personal contratado para Desarrollo Local. Celeste López aseguraba ayer que "solo ha habido un reparo y una resolución de la alcaldía levantándolo. Estamos en el proceso de resolver este entuerto".
La habilitada nacional expuso en su informe que existen tres motivos para no considerar ajustado a la legislación este decreto. En el primero de ellos, Goig señala que "el expediente tramitado para la solicitud de la subvención y la contratación de los AEDL [agentes eventuales de Desarrollo Local] no ha sido fiscalizado previamente". Incumple la base número 39 de los de ejecución del presupuesto y el artículo 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El segundo motivo es que "la competencia en materia de Desarrollo Local no es una competencia propia y que para poder ejercerla sería necesario cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la LBRL, por lo que el Ayuntamiento de Telde no cumple los requisitos establecidos. Es decir, según la interventora, el Consistorio no puede asumir competencias impropias, entre ellas las de desarrollo local.
Por último, la interventora señala en su informe que "no consta resolución administrativa del órgano competente en la selección de las personas contratadas".
