El Ayuntamiento de Telde comenzará a pagar lo adeudado a los primeros propietarios de suelo expropiados con los que se ha alcalzado un acuerdo firme después del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia al plan de pagos de expropiaciones, que cuenta hasta el momento con 16 expedientes, aunque dos de ellos han recurrido.

Serán cuatro afectados los que iniciarán el calendario de pagos del Ayuntamiento, que percibirán en total, 2,4 millones de euros hasta 2018, siendo la cifra más cuantiosa los 844.272 euros que ingresará una familia expropiada.

La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento ayer de estos cuatro expedientes de expropiaciones con sentencia firme y cuyos afectados han llegado a un acuerdo con la institución local. En un programa de pago plurianual, desde 2016 a 2018, la corporación municipal abonará solo el principal de la deuda, ya que los intereses se deberán afrontar en otro plan de pagos, que deberá presentarse también a los tribunales.

Según la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, "los intereses podrán ser incluso más cuantiosos que la deuda principal por los años transcurridos sin que nadie hiciera algo para evitar que los intereses se incrementaran y optaran por meter este asunto en un cajón".

Este año, la cantidad total que deberá pagar el Consistorio a los cuatro expropiados asciende a 116.766 euros, oscilando entre los 2.886,19 euros de la menos gravosa a los 62.888,11 euros del desembolso mayor. Los otros dos ejercicios -2017 y 2018 en el caso de estos propietarios- tendrán que abonarse sumas mayores, siempre de capital, mientras que los intereses irán subiendo hasta el último año y habrá que abonarlos en otro plan de pagos.

De hecho, como indicó Hernández, "los juzgados han comprendido la situación por la que atraviesa Telde, que no nos permite pagar toda la deuda de una vez porque afectaría a los servicios esenciales a los ciudadanos, por lo que nos han admitido el plan de pagos". No obstante, pese a esa comprensión, el Ayuntamiento deberá cumplir cinco requisitos ineludibles para seguir contando con el plácet judicial en el abono de la deuda.

Esos requisitos supondrán, entre otras cosas, que el Ayuntamiento no deberá despistarse en el pago de las cuotas anuales y aprovechar los remanentes del presupuesto, así como se responsabiliza a los habilitados nacionales y al órgano de gestión económica de la coporación municipal -Intervención General, Secretaría y Tesorería- en el fiel cumplimiento de las obligaciones adquiridas para saldar la deuda. Una cantidad que supera los 30 millones de euros y que tiene el año 2023 como el horizonte para hacerle frente, lejos de los 40 años que en su momento se había planteado para amortizarla.