Santiago Rodríguez, nuevo comisionado por la Inclusión y la Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, se estrena con polémica en el cargo. Sus declaraciones al término de la reunión con la familia de Jinámar que ocultó a sus hijas a las instituciones públicas, en las que vinculó sus decisiones a su situación de pobreza, han provocado que Teresa Cruz Oval, portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, exigiera ayer al presidente del Ejecutivo regional que lo desautorice.
De hecho, mañana presentará una solicitud de comparecencia para que desde el Gobierno se explique en el Parlamento regional sus planes sobre el sistema de protección a la infancia que defiende, al considerar que el nuevo cargo autonómico no respeta ni la actuación de la Fiscalía de Menores ni la de los trabajores sociales. Estos, según Cruz Oval, abogan porque se declare en desamparo a estos cuatro menores porque sus padres no respetaron los derechos de la infancia contemplados en la Constitución Española. Además, critica la diputada socialista que Rodríguez haya interferido con sus declaraciones en una investigación abierta que podría concluir con la petición de responsabilidad penal a los padres por la Fiscalía de Menores.
En su opinión, mezclar pobreza con desamparo infantil es una irresponsabilidad por parte de cualquier representante público, porque lo único que se logra con ello es alarmar a la sociedad y se desprende de sus declaraciones que estudia un replanteamiento a tiempos pretéritos en el sistema de protección a la infancia en Canarias, basado en la Ley del Menor aprobada en 1997. "Todas las personas que trabajan con la infancia y la familia tienen muy claro que no se puede tomar una medida de protección por dificultades económicas de los padres, pero parece ser que esta premisa tan básica la desconoce el nuevo comisionado".
La diputada señala que existen ayudas de las administraciones públicas para asegurar que se garanticen las necesidades básicas de los menores, "pero lo que este representante político hace es relativizar la negligencia de los padres en cuestiones tales como registrar a los niños, ponerles las correspondientes vacunas, cumplir con un seguimiento sanitario y su escolarización". Según Cruz Oval, esos tres indicadores "sí apuntan a una situación de desprotección infantil y están claramente definidos en el sistema de protección a la infancia en Canarias".
La parlamentaria socialista opina también que las declaraciones en las que el comisionado utiliza la pobreza para justificar una grave negligencia crean un preocupante precedente: "Si damos por válido el dato de que el 37 por ciento de la población canaria está en una situación de pobreza, lo que él viene a decir es que no importa que no manden a sus hijos al colegio, que no sean registrados, que no reciban atención sanitaria, es decir, que no importa en absoluto la desprotección de los niños ni la dejación de los deberes los padres".
Cruz recuerda que a ninguna familia se le retiran sus hijos por ser pobres e indica que la situación de desamparo de los menores es una decisión técnica que se basa en criterios objetivo y agrega que lo que hace la administración es garantizar los derechos de los niños.
