18 de enero de 2017
18.01.2017

La familia de Jinámar se queda sin sus hijos tras perder la custodia de la mayor

Menores ingresa a la primogénita que vivía con sus padres en Santa Rosalía con sus hermanas, que ya están escolarizadas

18.01.2017 | 03:28
Santiago Rodríguez (derecha) y Antonio Reyes, abogado de la familia, después de la visita a la familia de Jinámar.

Apoyo de los vecinos al matrimonio

  • Recogida de firmas: Una iniciativa por "unas buenas personas y padres". El Valle de Jinámar, donde vive esta familia, se está movilizando para que pueda recuperar a sus hijos en el menor tiempo posible. Se ha iniciado una campaña de recogida de firmas que va creciendo porque sus promotores, vecinos y amigos, consideran que "son muy buenas personas y muy buenos padres" y merecen estar con su prole. La solidaridad de los residentes de la calle Manuel Alemán Álamo, donde viven José y María, se ha hecho palpable desde el primer minuto, con alabanzas hacia ellos, hacia el trato con sus hijos y su intento por salir de una situación personal y económica complicada. Las cuatro niñas no pueden considerarse que hayan estado ocultas, escondidas, ya que, expresan vecinos del matrimonio, han salido a la calle e incluso de ocio en el Sur. Más que escondidas, con todo lo que el término implica de confabulación contra ellas, han sido invisibles durante los últimos ocho años, con el nacimiento de la segunda hija, ya que la primera sí estaba escolarizada. La presencia de vecinos del edificio donde viven ha sido constante en su domicilio para mostrar su apoyo y prestarse a colaborar con ellos, hechos que constató y destacó el nuevo comisionado por la Inclusión Social y la Lucha Contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, en su encuentro con ambos el pasado jueves.
  • La ´batalla´ con la administración pública: Las alegaciones y la vía civil. Una vez definida la situación del matrimonio y las decisiones adoptadas por la Administración Pública, ahora empieza la batalla por la recuperación de la custodia de los cinco hijos de esta familia. Un camino que comienza con la presentación en el plazo fijado por la legislación de dos meses para presentar las alegaciones que se consideren oportunas para demostrar que las circunstancias de estos padres ha cambiado a mejor. Él ya tiene trabajo y ello ya supone un motivo para cambiar la inercia negativa de ambos, pues al disponer de recursos económicos estables -uno de los requisitos solicitados- podrá también afrontar otras obligaciones. No obstante, han señalado a este periódico, hay que tener en cuenta que en la administración pública suele haber mucho retraso en la tramitación de los asuntos y eso amplía también el tiempo que estarán los menores separados de sus padres. Además, si finalmente no se aceptan las alegaciones, queda la vía civil para conseguir revertir la situación.

El matrimonio de Jinámar formado por José y María -nombres ficticios- padres de cuatro niñas y un bebé de semanas ha perdido también la custodia de su hija mayor, la única que residía con ellos en su domicilio del Valle. La decisión fue adoptada ayer por la Fiscalía de Menores, que ha ingresado a esta niña de 11 años en el centro de acogida de menores Santa Rosalía, en Telde, para que esté junto a sus otras tres hermanas. El bebé continuará en el hospital Materno Infantil, pero una vez acabe su periodo de lactancia, serán entregado de forma provisional a otra familia de Gran Canaria.

Estas actuaciones de Menores pueden se recurridas por el abogado de ambos padres, Antonio Reyes, quien tendrá un plazo de dos meses para presentar las alegaciones que permitan a los dos progenitores cumplir los requisitos fijados por la legislación para recuperar a sus cinco hijos, cuatro niñas de 11, 8, 6 y 2 años y un bebé nacido el pasado 21 de diciembre y que permanece en el Materno Infantil.

Mientras, la administración pública ha escolarizado a dos de las tres niñas, las de ocho y seis años, mientras que la más pequeña de las cuatro, de solo dos, será atendida por el personal encargado del centro de Santa Rosalía.

El viernes ya se había tomado la iniciativa de que ambas pequeñas se incorporaran a un centro escolar ubicado en el entorno de su hermana mayor. El lunes, según han informado a este periódico, empezaron a acudir a clase. Después de su actividad escolar, las tres niñas regresan al centro de acogida a reunirse con su hermana pequeña. Sus padres, como ha ocurrido desde el primer día, van a visitarlas para saber cómo se encuentran y estar con ellas el tiempo permitido.

La madre, además, acude al hospital Materno Infantil a amamantar al bebé, en periodo de lactancia, pero una vez se acabe esta circunstancia, Menores lo entregará de forma provisional en acogida a una familia. Ya se ha firmado la resolución y solo es cuestión de ese tiempo que el último de los hijos de José y María ni siquiera conozca el domicilio de sus padres. Una situación complicada para el matrimonio, que contempla con resignación cómo su prole ha pasado al sistema público de acogida por considerar los responsables de las administraciones competentes en esta materia que se encuentran en desamparo después de descubrir las condiciones en las que estaban los menores. La falta de escolarización, de su inscripción en el Registro Civil, de no estar vacunadas o residiendo en una vivienda que no reúne las condiciones exigidas son los problemas a los que se enfrentan los padres que, sin embargo, han reconocido su error y están dipuestos a afrontar las consecuencias, que pueden derivar en una causa penal.

Dos meses para revertir el caso

No obstante, las decisiones adoptadas por la Fiscalía de Menores y el Gobierno regional son provisionales y desde el despacho de abogados que defiende a esta familia de Jinámar se intentará demostrar que su situación ha cambiado y que ambos merecen una segunda oportunidad con sus hijos.

Así, el camino para conseguirlo se fija en los dos meses de plazo que tiene Antonio Reyes para presentar las alegaciones que considere pertinentes para revertir el caso de sus defendidos. Entre ellas, el cambio de la situación laboral del padre de los pequeños, que ayer firmó un contrato indefinido con la empresa Ralons, por el que cobrará 1.000 euros mensuales.

De esta forma, se cumple uno de los requisitos exigidos por Menores, el de disponer de recursos económicos estables. La vivienda es otra de las peticiones para revertir la decisión de la Administración, algo que se podría también solucionar, según ha podido saber este periódico, si un empresario de la construcción que se comprometió a reformar el piso -sobre todo el baño y la cocina, lo más estropeado- cumple lo expresado. Otra dificultad menos que, unida a los ingresos de José gracias a su nuevo trabajo le permitirá afrontar el pago de una hipoteca mensual de 180 euros con más tranquilidad. Además, y eso ya se considera ganado por su abogado, mostrar una buena predisposición, que son buenos padres y tienen interés.

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