El litigio que mantienen el Ayuntamiento de Telde y la empresa Ammap, propietaria del parquin de San Juan, que le reclama a la corporación municipal cerca de tres millones de euros por el desequilibrio económico del contrato suscrito en el anterior mandato, lo intentará resolver un mediador nombrado por el juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Este anuncio lo realizó ayer la alcaldesa, Carmen Hernández, al término de la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local, donde se aprobaron la ejecución de una sentencia condenatoria y el convenio con la Unión Deportiva Las Palmas para que el equipo de fútbol se entrene en las instalaciones del estadio municipal Pablo Hernández a cambio de una serie de contraprestaciones.
Asimismo, como es habitual en este órgano de decisión local, se aprobaron nueve expedientes de obra menor, cinco de obra mayor y otros tantos de modificación de crédito para que diversas partidas económicas pasen de un concepto a otro dentro del mismo departamento de la insitución local.
En su intervención, Hernández indicó que la empresa propietaria del parquin de San Juan ha accedido a que un mediador judicial sea el encargado de buscar que sea beneficioso para ambas partes, la propia sociedad y el Ayuntamiento. La corporación municipal se ha negado a pagar los casi tres millones de euros reclamados por Ammap, que argumenta un desequilibrio económico en el contrato firmado, al considerar el grupo de gobierno que "tampoco ha cobrado nunca el canon estipulado en el pliego de condiciones con esta empresa, que se ha quejado de la apertura de solares en la zona".
La regidora teldense alegó que ya los jueces descartan los argumentos sobre el lucro cesante que han usado las empresas ante las administraciones públicas y son más proclives al concepto de aventura y riesgo de quienes inician un negocio. Con este escenario, Hernández confío en que la mediación judicial las arcas municipales no resulten malparadas.
Otro asunto económico, esta vez con sentencia firme, fue la aprobación del pago de 151.167,48 euros a una constructora por los trabajos realizados en la sede de Protección Civil y que no le fueron abonados en su momento. El procedimiento se remonta a 2005, cuando la empresa reclamó el pago de 60.000 euros y al no cobrar interpuso una denuncia, que ganó en los tribunales y cuya sentencia se hizo firme el 4 de septiembre de 2012 y cinco años después ha supuesto el pago de casi el triple de la cantidad adeuda más un 1,5% de intereses legales. Hernández definió esta sentencia como "una más de las que nos hemos encontrado en los cajones del Ayuntamiento".
El otro acuerdo, pendiente ahora de la firma con la Unión Deportiva de Las Palmas, es que el equipo amarillo se entrene en el estadio municipal Pablo Hernández. A cambio, se encargará del mantenimiento, la vigilancia, el pago del agua y la luz. Este contrato es positivo para la ciudad, según Carmen Hernández, " porque la UD es un referente de cohesión social".
