El promotor de Hoya Pozuelo, Jaime Cortezo, ha sido condenado a dos años de prisión y a abonar más de dos millones por un delito contra la Hacienda Pública, que supondrá el pago de una multa por el triple de lo defraudado -1, 5 millones- más una indemnización de algo más de medio millón, sin contar los intereses de mora a Hacienda.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas, publicada este jueves, también inhabilita al empresario al sufragio pasivo durante la pena, a ejercer el sufragio pasivo, pérdida de la oportunidad de recibir subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años, a las costas procesales y si o abona la multa impuesta, "se sustituirá por responsabilidad personal subsidiaria".
En la sentencia, que no es firme y contra la que se puede presentar recurso de apelación en el plazo de 10 días desde su notificación, se impone una multa por el triple de la cantidad defraudada -1.575.121,47 euros-, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y del derecho de gozar de incentivos o beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. De no pagar la multa impuesta, en el fallo se contempla sus sustitución por la responsabilidad personal subsidiaria, que supone un incremento en la pena de prisión.
Además, durante los dos años de pena no podrá ejercer el derecho del sufragio pasivo, deberá pagar las costas procesales y una indemnización a la Hacienda Pública conjunta y solidariamente con Residencial Hoya del Pozo, SA de 525.040,49 euros, a los que habrá que añadir los intereses de mora contemplados en la legislación.
La causa, iniciada en 2014 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, dio lugar a sendos escritos de querella por parte del fiscal y el abogado del Estado, donde se pedía pena de prisión, multa y responsabilidad civil subsidiaria "como autor responsable de un delito contra la Hacienda Pública". El fiscal solicitaba en su escrito una condena de 36 meses de prisión y una multa de 1.800.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de 10 meses de prisión en caso de impago, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas e incentivos y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años, además de perder el derecho al sufragio pasivo en el tiempo de la condena y una indemnización de 525.040,49 euros por responsabilidad civil subsidiaria.
El abogado del Estado, por su parte, solicitó una condena de dos años y seis meses, el pago del triple de la multa y 10 meses más de prisión por impago. Coincidió con Fiscalía en la responsabilidad civil subsidiaria, la pérdida de la obtención de ayudas e incentivos fiscales y del derecho del sufragio pasivo durante la condena.
El fallo del Juzgado de lo Penal estima como hechos probados que Jaime Cortezo, como administrador único de la empresa Residencial Hoya del Pozo, SA "y con claro ánimo de defraudar a la Hacienda Pública, dejó de ingresar una parte de la cuota por el concepto de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio fiscal 2008, consistente en 525.040,49 euros, al alterar deliberadamente la realidad de su base imponible mediante la acción conjunta de omitir ingresos efectivamente percibidos y consignar gastos que bien no fueron reales o bien, siéndolos, no tenían la condición de deducibles".
En sus fundamentos de derecho, la Sala considera en los 51 folios de la sentencia que los gastos declarados como deducibles por el empresario y la mercantil no se ajustan a la legislación vigente, al tiempo que estima que hubo una "dinámica comisiva" para defraudar a la Hacienda Pública en facturas, impuestos y gastos.
