¿Se quedaba la Guardia Civil con dinero de los mauritanos y marroquíes que llegaban al Aeropuerto de Gran Canaria? Hay tres semanas de juicio por delante para aclarar si en 2008 hubo o no cohecho en la Unidad Fiscal de Aduanas, pero las defensas de los diez agentes acusados negaron ayer los delitos que les atribuye la Fiscalía, con penas de hasta 18 años de cárcel para los principales implicados en los supuestos sobornos. La trama consistía en hacer la vista gorda en las inspecciones a cambio de pequeñas mordidas, todo mediante la fórmula de "pedir dinero para café", según las conclusiones provisionales del ministerio público.

La fiscal Teseida García considera que los agentes se han aprovechado del "uniforme" para actuar de forma "corrupta". Las defensas, en cambio, reprochan a la Fiscalía que use la acusación como una "ola gigante" para ir contra los guardias civiles, entre otros motivos porque no es obligatorio contar el dinero que traen los pasajeros, sino informar de su valor aproximado. El recuento físico sólo se hace si existe una infracción administrativa, por ejemplo si se detecta que algún extranjero intenta ocultar una determinada cantidad de dinero obligada a declarar.

Pulpos y perjuicios

También niegan que se omitan las inspecciones de productos cárnicos y de vegetales a cambio de una parte de esos artículos, como los pulpos que traía el señor Cho, una coreano procedente de Mauritania. "No se ha dejado de fiscalizar el dinero ni las mercancías porque se han cumplido los protocolos. El ministerio público añade términos inexistentes que perjudican a los acusados", expusieron varios abogados en su alegato inicial.

Las defensas sostienen que eran "muy rigurosos con esos controles", especialmente cuando se trataba de carne porque no se puede importar, explicó Luis Manuel Q. M en su informe. Se trata de un guardia civil con más de 30 años de servicio que ha optado por defenderse así mismo al ser también abogado. Asegura que las pruebas recabadas por la Fiscalía mediante la instalación de una cámara oculta no son concluyentes, pues las imágenes sólo recogen lo que ocurre en la mesa de una de las cinco salas existentes y, además, las inspecciones se hacen en el exterior al pasar las maletas por las máquinas de rayos x y registrarlas luego en las mesas si resultan sospechosas. Esas grabaciones no muestran a ningún agente quedarse con dinero o hacer la vista gorda en el control, afirma este acusado.

Otro abogado, José María Guerra, tachó las conclusiones de la fiscal de "temerarias". Se basa en las órdenes de trabajo aportadas por la Guardia Civil, las cuales, a su juicio, acreditan que su cliente no estaba de servicio en el puesto de control donde se colocó la cámara y se documentan la mayoría de los comportamientos delictivos.

Guerra articuló un duro alegato para contrarrestar la intervención de la fiscal, que previamente había comparado la actuación de los agentes con la corrupción de la clase política, unos hechos "muy graves" porque el Estado ha confiado a esos agentes la seguridad en el Aeropuerto de Gran Canaria para evitar el blanqueo de capitales y la entrada de alimentos en mal estado o que pudieran causar algún peligro. El letrado sostiene que la fiscal se ha "equivocado" con el nombre de otro guardia civil que ese día sí estaba en el puesto de control de pasajeros. Por eso pidió al jurado que analice la prueba a practicar caso por caso. "Está muy bien luchar contra la corrupción, pero no todos han cometido delito", agrega Guerra.

El letrado, además, insistió en la necesidad de aplazar el juicio, pero no con la intención de causar un nuevo retraso, sino por un argumento jurídico: el ciudadano mauritano que supuestamente pagó el soborno a su defendido no ha comparecido al juicio y, por tanto, no puede contradecir su declaración. Ese acusado aseguró en Instrucción que el dinero se lo dio a un guardia civil, pero la fiscal afirma que participaron en el reparto los tres agentes de servicio. De ahí la reclamación previa de Guerra.

El magistrado que preside el tribunal, Secundino Alemán, no accedió a la suspensión del juicio solicitada por el abogado, pero sí aceptó, con la protesta de la Fiscalía, que la declaración del acusado ausente se incorpore al procedimiento para su valoración como si fuera casi una testifical (figura del coimputado).

Y es que de los seis extranjeros acusados de sobornar a los guardias civiles sólo han acudido al juicio dos marroquíes. El resto, que se corresponden con cuatro mauritanos, están en busca y captura tras ser declarados en rebeldía.

Los dos marroquíes se enfrentan a un año de prisión, pero su abogado solicita la absolución por un motivo: en su país es una costumbre socialmente aceptada pagar una especie de "tasa" para hacer cualquier trámite público. Esa costumbre, unida al respeto que impone la autoridad en un país ajeno, movió a los dos acusados a dejar dinero en la aduana, según la defensa.

Habrá que ver durante la celebración del juicio -continúa hoy en la Audiencia de Las Palmas- si la fiscal se muestra benévola con los extranjeros y más dura con los agentes. Todo, por el momento, apunta en esa línea.

Teseida García expuso ayer al jurado que los acusados estuvieron en prisión unos "meses" porque había "indicios de que querían ocultar y manipular pruebas de delitos muy graves", reveló la fiscal. García ha estado presente desde el principio en la investigación, que fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde. Por eso se conoce el sumario al dedillo y rechaza que el retraso en celebrar el juicio obedezca a dilaciones causadas por el ministerio público, sino al "abuso del derecho de defensa" por parte de algunos letrados que han recurrido "todas" las decisiones de la juez instructora.

La fiscal aclaró al jurado que "no" representa al "Estado ni al Gobierno" y sólo defiende el "interés social", razón por la que está obligada a retirar o modificar su acusación si finalmente no considera acreditados los hechos.

No parece ese el escenario que vaticina la propia García al inicio del juicio. "La corrupción no sólo la cometen los políticos, también los funcionarios públicos. Falsificaban los documentos que luego enviaban a la Agencia Tributaria y el Banco de España, porque ponían en la casilla correspondiente que habían verificado el dinero", subraya la fiscal sobre la actuación de los diez guardias civiles (había uno más acusado, pero ha retirado el delito hurto al estar prescrito).

"Independientemente de la cantidad recibida se han aprovechado de su uniforme y del poder del cargo", agrega García, quien espera demostrar que los agentes se embolsaban entre 20 euros y 1.500 euros en el puesto fronterizo.

El caso lo destapó un mauritano al que le exigieron 2.000 euros a cambio de dejar pasar los 30.000 que traía en efectivo. Este testigo, que ha sido absuelto por denunciar los hechos, es clave para la Fiscalía de Las Palmas y será interrogado en el juicio.