El interrogatorio de José A. S. no empezó nada bien . El agente Chago, uno de los diez guardias civiles acusados de aceptar sobornos en el Aeropuerto de Gran Canaria, lo negó todo en la segunda sesión del juicio, hasta que lo conocieron por ese sobrenombre, cuando previamente otro compañero había confirmado el apodo y el propio José A. S. lo admitió en el Juzgado de Instrucción de Telde que investigó la supuesta trama de cohechos.
Esa actitud evasiva la aprovechó la fiscal para aflorar las contradicciones del agente y llevarlo hasta las imágenes que acreditan los trapicheos en la Unidad Fiscal de la Guardia Civil. "Fue hace nueve años, no recuerdo lo que nos estábamos repartiendo", respondió una y otra vez el procesado a las preguntas de la fiscal Teseida García, que en ese momento había pedido la reproducción de las grabaciones para tratar de "refrescarle" la memoria al investigado.
Una caja de pulpos de seis kilos, billetes de 50 euros que aparecen en la gorra de los agentes, alusiones al reparto de dinero entre los guardias que estaban de servicio... Ninguna de esas imágenes ni conversaciones, que se obtuvieron mediante la colocación de una cámara oculta en agosto de 2008, fueron suficientes para que José A. S. explicase de manera convincente su actuación en el puesto de inspección de la Guardia Civil.
El agente asegura que verificó el dinero en efectivo declarado por los pasajeros de forma voluntaria al entrar o salir del país, pero la fiscal, con el apoyo de las imágenes, evidenció que el guardia civil no hizo ningún esfuerzo en contar los billetes, sino que se limitó a marcar en el formulario S1 que había comprobado los importantes. Las cantidades ascendían a 180.000 euros, 200.000 , 250.000 y hasta 500.000 euros, según los casos por los que formula acusación por la Fiscalía.
Las comprobaciones del agente se limitaron a coger un fajo de billetes en la mano o a abrir una bolsa de plástico y preguntar si todos eran de 500 euros. José A. S. replicó que su experiencia le permitía verificar que los importes declarados por los pasajeros eran reales, pero la fiscal cuestionó su pericia y le recriminó que hiciera la vista gorda a cambio de pedir dinero para café o de recibir regalos, entre ellos la caja de pulpo que el señor Choo dejó en la oficina.
José A. S. no recordada si los rejos congelados eran para él o para todos los compañeros o para el jefe del servicio, José Antonio B. C., que ese día estaba de guardia y también está acusado de cohecho. El agente no recordaba nada del pulpo, pero sí que llamó a un compañero de salidas internacionales para que contara los 180.000 euros de Choo. Se trata de un empresario de Corea del Sur que había declarado ese dinero en la Unidad Fiscal de la Guardia Civil antes de embarcar rumbo a Dákar (Senegal). Este ciudadano y otros cinco ciudadanos mauritanos y marroquíes también esta acusados de cohecho, aunque sólo dos de ellos han asistido al juicio. El resto, incluido Choo, están en busca y captura al ser declarados en rebeldía.
La memoria selectiva de José A. S. llamó la atención del magistrado-presidente del Jurado, Secundino Alemán, quien preguntó al agente cómo era posible que recordase una llamada de teléfono y no la caja de pulpo. El acusado respondió al juez que tenía "lapsus" y no recordada con precisión lo sucedido ese día.
La fiscal, en cambio, lo tiene claro: cree que el guardia civil omitió su obligación de contar los 180.000 euros a cambio del pulpo, incumpliendo, por tanto, su deber de controlar las divisas que entran y salen por el aeropuerto. Esos boletines de control se mandan luego a la Agencia Tributaria y al Banco de España. De ahí que el ministerio público no sólo acuse por cohecho continuado, sino también por falsificación, pues las cantidades declaradas no fueron realmente verificadas por las agentes.
Esa era la actitud general de los miembros de la Unidad Fiscal que se sientan desde el lunes en el banquillo, según el ministerio público. La única diferencia es que a veces aceptaban regalos y otros pedían "dinero para café", esto es, mordidas que oscilaban entre los 20 y los 1.500 euros, añade la acusación. José A. S. se enfrenta a 18 años de cárcel porque es el agente al que se le atribuyen más delitos. Ocurre lo mismo con José Juan P. M., que afronta la misma pena y también declaró ayer. El resto se expone a castigos inferiores al tener una implicación menor en la trama, con multas en el mejor de los casos.
