"Los detuvimos porque iban a coaccionar a los empresarios para que no les denunciaran. Querían destruir pruebas". Con esa declaración de un sargento de la Guardia Civil terminó ayer la primera semana del juicio a diez agentes que se celebra en la Audiencia de Las Palmas por supuestos sobornos en el Aeropuerto de Gran Canaria. La vista oral continúa el lunes con más testificales.
El sargento actuó como secretario de la investigación a sus propios compañeros por los delitos de cohecho, falsificación de documentos y amenazas, con penas solicitadas que llegan a los 18 años de cárcel, según la acusación de la Fiscalía. El testigo, que es jefe de Delitos contra el Patrimonio, reveló los entresijos de una investigación que levantó ampollas en el Instituto Armado. La bautizaron, no obstante, operación Judas.
Las pesquisas empezaron tras la denuncia de un empresario mauritano al que le exigieron 2.000 euros en la Unidad de Resguardo Fiscal del Aeropuerto, todo a cambio de que no contaran con la máquina el dinero declarado al entrar en el país. Esa forma de actuar, que es aparentemente inofensiva, resulta incompatible con el control de divisas y la lucha contra el blanqueo de capitales, una de las obligaciones de esa unidad junto al control de alimentos y la seguridad, explica la jefa de la administración de Aduanas del Aeropuerto, que es funcionaria de la Agencia Tributaria y también testificó ayer.
Mercadeo en la aduana
El sargento asegura que la manera de proceder de sus compañeros era "muy clara", pues intimidaban a los pasajeros con contar los billetes si no dejaban "dinero para café". Luego, si accedían, preguntaban "cuánto quieres que te ponga", en relación a la cantidad consignada en el formulario que se remitía a la Agencia Tributaria. El testigo aclaró al tribunal que poner más dinero del real es perjudicial para las arcas públicas, porque se da curso legal a la cantidad que excede de la real y es "ahí donde empieza el mercadeo", subraya el secretario de la investigación.
Tras la denuncia del empresario mauritano, la Guardia Civil remitió un atestado al Juzgado de Instrucción número 1 de Telde y pidió la colaboración de Asuntos Internos, que mandó de Madrid a sus especialistas para colocar una cámara oculta en la Unidad Fiscal.
Las primeras imágenes no eran claras, pero el sonido confirmó las ilegalidades de los agentes. Ese indicio motivó la instalación de un segundo aparato que sí grabó "el intercambio de dinero", añade el sargento. Después se intervinieron los móviles de los agentes que participaban en los hechos, "no de toda la Unidad Fiscal", con la finalidad de recabar más pruebas y de "documentar" las imágenes porque "había que desarticular esa organización", agrega. Las detenciones se precipitaron porque los investigados se movilizaron para contactar con los empresarios que supuestamente pagaron a los agentes o les obsequiaron con relojes o una caja de pulpo. El sargento fue claro: "no podemos recibir regalos u obsequios por nuestro trabajo".
