La corporación municipal aprobó hoy con una amplia mayoría la resolución del contrato del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta adjudicado a Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL. Y no solo eso, sino también la petición de los daños y perjuicios que este contrato haya supuesto para los intereses de la administración local. Los votos favorables del grupo de gobierno, Unidos por Gran Canaria y Partido Socialista sacaron adelante la propuesta presentada en el pleno extraordinario celebrado por la concejala de Contratación, Celeste López, de revocar la concesión a la entidad propiedad del empresario Julián Gómez del Castillo por no abonar las dos primeras cuotas del canon exigido para mantener vivo el contrato.

Los 18 votos afirmativos con esta decisión que continúa con el procedimiento pospuesto de la resolución del contrato hasta conocer el dictamen -no vinculante- del Consejo Consultivo de Canarias, solo tuvieron como contrapunto la abstención del Partido Popular y los dos concejales del grupo de No Adscritos, ya que tanto los cuatro ediles de Más por Telde como la excaldesa popular María del Carmen Castellano no acudieron a la sesión.

Este hecho fue destacado por la alcaldesa, Carmen Hernández, quien afeó la conducta de partido liderado por Juan Francisco Artiles por no presentar un escrito en el que justificara el motivo de su ausencia. No obstante, anunció que remitirá a este grupo político una comunicación para recordarle la forma de proceder en esta situación.

El pleno, donde además de la concejala de Contratación, la propia alcaldesa, intervinieron Esther González, del grupo de No Adscritos, Juan Antonio Peña, de Unidos por Gran Canaria, y el portavoz socialista, Alejandro Ramos, se extendió apenas media hora y en su desarrollo Celeste López desgranó la propuesta para argumentar la resolución del contrato con Gómez del Castillo en cinco puntos. La titular de Contratación expuso que se desestiman en su integridad las alegaciones presentadas por el administrador único de Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL -lo mismo ocurre en el dictamen del Consultivo-, la resolución del contrato, "la incoación del procedimiento específico para la determinaciós de los daños y perjuicios consecuencia de la resolución anterior", informar a los departamentos de Asesoría Jurídica y Urbanismo de este acuerdo y, por último, notificar al interesado la resolución adoptada.

Esther González, quien cambió su voto favorable en la comisión de pleno por el de la abstención, propuso como paso previo a este acuerdo "si no se puede ejecutar la sentencia sobre escriturar las parcelas y si el empresario no paga, se le revoca y así se evita que Gómez del Castillo, quien no parece tenga intención de pagar, se quede sin ese argumento de que no se ejecuta el fallo". En su intervención, González expuso que se descartaría que ocurriera lo mismo que en el pago 13 millones de euros a otro empresario. La alcaldesa respondió que cada paso se está dando conforme a las consultas jurídicas realizadas tanto con los abogados como por el dictamen del Consultivo, contestando de paso a la duda planteada por Peña sobre si este acuerdo trae todos los procedimientos cerrados.

Alejandro Ramos preguntó por el 'día después' de esta aprobación plenaria, cuestión a la que Hernández respondió con que "se continuará con el procedimiento y a la espera de que los informes jurídicos nos vaya guiando".