El juicio a diez guardias civiles y dos empresarios marroquíes por supuestos sobornos en el Aeropuerto de Gran Canaria llega a su tramo final. Ayer declararon como testigos ocho agentes que participaron en el operativo desplegado en 2008 para desarticular la trama, entre ellos un guardia encubierto que estaba escondido dentro de un cuarto contiguo a la sala de los controles y que vio "en tiempo real" a un pasajero entregar "cien euros" a uno de los acusados, tras declarar el viajero divisas por importe de 344.000 euros y de 75.000 euros en dos formularios cumplimentados por separado.
"El árabe dijo que eran 344.000 euros, terminó y añadió que eran otros 75.000 euros. Luego sacó un billete de 100 euros, lo dobló debajo del pasaporte y se lo entregó al agente Morata sin que se contara el dinero", asegura el testigo. Su declaración es la más relevante de la jornada porque el guardia civil estaba en un cuarto habilitado por Aena para grabar las actuaciones de la Unidad Fiscal, a escasos metros de sus propios compañeros, tras autorizar la investigación el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, que abrió las diligencias porque un empresario mauritano había denunciado mordidas por importe de 2.000 euros en la aduana.
En ese cuarto secreto estaba ubicado el ordenador al que iban a parar las imágenes emitidas vía wifi por una cámara instalada en el techo de la sala. El aparato fue colocado por expertos enviados desde Madrid por Asuntos Internos de la Guardia Civil, pero un problema técnico motivó que las imágenes no fueran claras al principio y se instaló una segunda grabadora. Para evitar fallos en el volcado de las imágenes se mandó a ese agente, que presenció en directo el intercambio de dinero entre el pasajero y el guardia civil, esto es, mientras un monitor procesaba las imágenes que la cámara enviaba al disco duro del ordenador, donde ha quedado almacenado todo el material de la operación Judas.
El agente informó por radio a sus superiores, que ordenaron un seguimiento al viajero mauritano. Finalmente fue detenido por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil, donde le intervinieron los dos formularios S1 rellenados con el dinero declarado en el aeropuerto.
La Fiscalía formula acusación por cohecho y falsificación de documento oficial, pero las defensas niegan tal falsificación: nadie ha verificado si los importantes de las divisas declaradas coinciden realmente con el dinero del pasajero. La fiscal, en cambio, sostiene que no se comprobaba la cantidad a cambio de "dinero para café".
El resto de testificales fueron más bien testimoniales porque la mayoría de los guardias civiles se limitaron a realizar labores mecánicas, entre ellas comprobar y transcribir las conversaciones e imágenes capturadas.
Se salió de esa línea la declaración de un agente que no participó en la investigación, pero que asegura haber escuchado una conversación sospechosa a uno de los acusados. Este agente es vecino suyo y hablaba de la imposibilidad de hacer algo en la ruta NuakchotNuadibú porque estaba todo "vigilado". Añadió que puso la conversación en conocimiento de sus superiores, pero la defensa hizo constar su protesta porque ese agente no participó en la investigación ni la Fiscalía incluye esos hechos en su acusación.
Los abogados también interrogaron a una técnico de Hacienda que estuvo como administradora del aeropuerto hasta diciembre de 2017, pero el magistrado que preside el tribunal popular, Secundino Alemán, cortó las preguntas porque la testigo hace más de diez años que dejó ese puesto y los hechos ocurrieron un año después de que se fuera del aeropuerto.
Asimismo se leyeron tres declaraciones (hay cuatro empresarios africanos en busca y captura y un testigo fallecido) que refuerzan lo manifestado días atrás por el denunciante de la trama, pues tacha de "habitual" pedir dinero a los empresarios mauritanos y asegura que éstos accedían "para no alargar los trámites" en la aduana.
Entre esas declaraciones estaba la del traductor del señor Choo, el coreano que dejó siete kilos de pulpo en la aduana. Asegura que su patrón tenía dos barcos de captura en Gran Canaria, que llevaba encima 200.000 euros para pagarle el salario a los marineros y que dejó el pulpo "por agradecimiento", con la intención de que se lo repartieron en la oficina, algo que "es habitual en su país". El kilo de pulpo, aclaró, está a tres euros.
El juicio continúa hoy con la reproducción de algunas grabaciones pendientes y la ratificación o no de las conclusiones provisionales. Para el miércoles está previsto que la fiscal y las defensas emitan sus informes finales, quedando entonces sólo el veredicto del jurado, que podría comenzar a deliberar el jueves.
