Multa o prisión para lo supuestos cabecillas de los sobornos en el Aeropuerto de Gran Canaria. Las conclusiones de la fiscal y de los abogados que defienden a los diez guardias civiles no pueden ser más antagónicas.
La fiscal Teseida García reclama para los dos principales acusados una pena total de 15 años de prisión por dos delitos de cohecho y otros dos de falsificación de documento, mientras que las defensas de estos agentes niegan la mayor e interesan multas de sólo 35 y 50 euros, además de una suspensión mínima de tres meses de empleo.
Esa disparidad de criterios obedece a que las defensas, pese a la contundencia de los imágenes captadas en la Unidad Fiscal del aeropuerto, rechazan la falsificación de los boletines en los que los pasajeros declaran las divisas. Sólo admiten un cohecho parcial en su modalidad menos grave, esto es, la del artículo 425 del Código Penal, que contempla multas y una suspensión máxima de tres años para la autoridad que reciba una recompensa por su trabajo. Las sanciones se calculan en función del valor del regalo y, como existen dilaciones indebidas por la demora del juicio, los letrados reclaman multas mínimas para sus clientes.
El resto de los abogados coincide en proponer multas o directamente la absolución, según las conclusiones elevadas ayer a definitivas, tras una semana de juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas en la que se ha interrogado a los acusados, a los testigos y se han reproducido grabaciones con las sobornos en la aduana. Hoy la fiscal y las defensas exponen al tribunal popular sus informes finales, para luego pasar a las deliberaciones del jurado y la emisión del veredicto de culpabilidad o inocencia, según los hechos que se declaren probados.
La fiscal, por el momento, ha modificado sus conclusiones, pero no para solicitar la absolución de alguno de los guardias, sino para introducir una atenuante de la responsabilidad por las dilaciones indebidas y, en ese sentido, aminorar las penas solicitadas para cada uno de los procesados. En el caso de los agentes José Santiago A. S. y José Juan P. M., que son los principales investigados, el ministerio público reclama 15 años de prisión por dos delitos de falsedad y dos delitos de cohecho, tres años menos que al inicio de la vista oral.
Lo mismo ocurre con el resto de procesados. La fiscal sólo ha retirado parcialmente la acusación contra Miguel M. O. Su abogado, José María Guerra, ha acreditado que éste no participó en uno de los hechos delictivos por los que estaba acusado. Se enfrenta, por tanto, a dos años y medio de prisión por cohecho más cuatro años por falsedad (antes de la modificación eran otros seis años). José Antonio B. C., José Manuel S. P. y Eladio L. C. afrontan las mismas penas por los mismo delitos, mientras que Luis Manuel Q. M., Salvador E. M.. José Manuel R. G. y Alfonso R. P. se exponen a multas que van desde los 140 euros a los 1.500 euros.
Todos, además, se arriesgan a ser inhabilitados para desempeñar empleos o cargos públicos. La fiscal exige a los dos marroquíes que asistieron al juicio un año de prisión (hay otros cuatro mauritanos que están en busca y captura).
La fiscal considera que los agentes incumplieron sus obligaciones de fiscalizar el dinero en efectivo que entraba y salía del territorio nacional mientras estaban destinados en 2008 como guardias civiles a la Unidad de Resguardo Fiscal de la Administración Aduanera del Aeropuerto. Se "aprovecharon de su cargo" para "exigir" dinero a los pasajeros que venían de Marruecos y Mauritania, sostiene García.
